El #RitaLeaks llega a la Fiscalía: Anticorrupción abre investigación contra Rita Barberá por sus gastos desorbitados

A la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se le complica la campaña electoral cada vez más. A los escándalos protagonizados por su vicealcalde, Afonso Grau –quien dimitió el pasado marzo por su implicación en el caso Noos– ,y los recientes vídeos virales de vecinos descontentos en escraches improvisados en los mercados de Valencia, se suma ahora el anuncio de que la Fiscalía Anticorrupción investigará finalmente el caso conocido como ‘Ritaleaks’.

Así lo ha anunciado el partido de la oposición Compromís, que hace un mes sacó a la luz numerosas facturas correspondientes a gastos de representación de la alcaldía aprobados entre junio de 2011 y septiembre de 2014, y calificados por la formación como “derroches obscenos” en tiempos de crisis.

La Fiscalía Anticorrupción ya tiene en su poder las 466 facturas remitidas por Compromís y ha abierto una investigación a la alcaldesa de Valencia para dirimir si se podría haber incurrido en un delito de malversación de caudales públicos, ya que entre las facturas se hallan gastos personales de Rita Barberá y actos del Partido Popular cargados a las cuentas del Ayuntamiento, que podrían corresponder a una financiación irregular del PP valenciano.

Independientemente de si la Fiscalía halla delito o no tras el estudio de la documentación, los denunciantes consideran intolerable que Barberá permitiera semejantes gastos de lujo mientras exigía austeridad a los valencianos en los peores años de la crisis.

En total, cerca de 300.000 euros de dinero público se derrocharon en hoteles de lujo (de 500 a 700 euros por una sola noche), billetes de avión de primera clase por cerca de 2.000 euros, comidas opíparas en restaurantes a base de ostras y gin tonics o el alquiler de un vehículo con chófer en Londres por casi 5.000 euros. La respuesta de Barberá a estas denuncias fue la de afirmar que no quería “cutrerías”en su Ayuntamiento.

Además, la denuncia también abarca el posible fraccionamiento ilegal de contratos públicos para evitar la convocatoria de concursos y así ser asignados a empresas elegidas ‘a dedo’ entre sus allegados.