Los miembros de la compañía de ‘Títeres desde Abajo’ Alfonso Lázaro y Raúl García han denunciado el «tremendo y vergonzante linchamiento» al que han sido sometidos tras la representación de su obra en el barrio madrileño de Tetuán con motivo de los carnavales, por la que han sido imputados por la comisión de delitos de enaltecimiento del terrorismo y contra las libertades públicas.
En una nota de prensa, los abogados de los dos artistas, Jaime Montero y Daniel Amalang, precisan que han visionado las imágenes grabadas por las televisiones sobre la obra ‘La Bruja y Don Cristóbal’, que fueron reclamadas por el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, que investiga los hechos, a los medios.
«Una vez visionados todos los cortes remitidos, puede señalarse que nada aportan las referidas piezas al proceso, al estar todas las imágenes sobre la obra que contienen ya incorporadas a los autos», indica el comunicado que agrega que las imágenes sí evidencian que se realizaron «afirmaciones radicalmente falsas» como que «desplegaron» una pancarta con la leyenda ‘Gora ETA’ en mitad del espectáculo o lanzaron ‘vivas’ a favor de la organización terrorista.
La nota de prensa también critica «el evidente aprovechamiento de la causa» por parte de determinados políticos. Aseguran que en los vídeos figura numerosa información sobre varias peticiones de representantes de distintos partidos que «exigieron» la dimisión de cargos institucionales del Ayuntamiento de Madrid.
«Estos, a su vez, se habrían protegido mediante la sobreactuación que supuso la denuncia de la que inicialmente conoció el Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid por unos genéricos e indeterminados actos ofensivos, actualmente unida al proceso seguido en el Juzgado Central de Instrucción nº 2», agregan.
Los letrados también lamentan las declaraciones del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, pidió al PSOE que no pactara con Podemos después de «ver como gestiona el Ayuntamiento de Madrid la alcaldesa y su equipo» y del Ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, que reclamó al poder judicial un «castigo ejemplar» para los investigados.
«Estas acciones, todas ellas reflejadas en los vídeos remitidos por las cadenas de televisión, suponen un cúmulo de despropósitos de los que habrían sido víctimas (y continúan siéndolo) nuestros defendidos», añaden.
