El intento de desahucio ilegal de Amparo Espino, de 67 años, del piso donde vive en Vallecas ya está en los tribunales. Después de que el miércoles 2 de agosto un grupo de unos diez hombres de la empresa Brigada Desokupa irrumpieran en la puerta de su casa sin orden judicial y acompañados por la Policía Nacional, ella denunció a la empresa y presentó una denuncia por inacción de los agentes. Amparo, que desde ese día está acompañada por personas de la PAH de Vallecas, vive con miedo a que vuelvan cuando se quede sola. Su caso abre un debate sobre la forma de actuar de las empresas antiocupación.
En su denuncia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Amparo relata cómo empezó todo el 13 de julio. Ese día fue la primera vez que los hombres de la empresa se presentaron en su casa. Le enseñaron un papel en el que le pedían que firmara un desalojo voluntario de su casa el 2 de agosto. Cuando vio al grupo de hombres fornidos en el pasillo, no dudó ni un segundo en darles su documento de identidad y firmar lo que fuera necesario. Esto es lo que dice en la denuncia presentada este domingo: «Acabé firmando el documento contra mi voluntad, profundamente atemorizada por la actitud de los individuos que me gritaban en grupo desde la puerta de mi casa, sin dejarme cerrarla, y amenazándome con consecuencias legales que no entendía».
Volvieron al miércoles siguiente pero esta vez Amparo no estaba sola sino que estaba acompañada por la PAH Vallecas.
Tuvieron que irse escaldados, derrotados tras el espectáculo macabro de tratar de amedrentar a una señora de 67 años, enferma del corazón (tiene una miocardiopatía hipertrófica), superviviente de un cáncer de mama, con más de una veintena de agentes de la Policía Nacional y sin ninguna justificación legal, les lanzaron una advertencia: “Ustedes mismos. Tienen 48 horas”. La policía permitió que entrara Desokupa hasta la puerta mientras un equipo de sanitarios del Summa 112 esperaba desde fuera para poder asistirla. “Los individuos de Brigada Desokupa, varios de ellos provistos de chalecos antibala, se colocaron en el portal de mi casa, escoltados por los funcionarios policiales”, dice la denuncia que ha presentado junto con la PAH.
