Los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio que atribuye la jueza al presidente del PP, Pablo Casado, podrían costarle su carrera política puesto que, en caso de una hipotética condena, contemplan una inhabilitación para cargo público de entre tres años y medio y siete años.
Para la jueza, la conducta del líder del PP puede ser calificada de cooperación necesaria en el delito de prevaricación administrativa, porque se matricula en el máster y paga las tasas académicas, aporta su expediente académico íntegro, solicita el reconocimiento de créditos y acepta el título, que usa en su currículo.
La jueza descarta que se produzca un agotamiento del delito de cohecho, «como podría serlo matricular a su nombre un coche que se regala» o que fuera un regalo de cortesía.
«Se trata de matricularse en un máster, pagar el importe de la matrícula, aportar el expediente académico previo y solicitar el reconocimiento de créditos, todo ello para posibilitar dar una apariencia de legitimidad a la obtención del título académico que se recibe como regalo», añade.
En su opinión, «esta participación, activa, previa y necesaria por la naturaleza del regalo vincula el cohecho a la prevaricación administrativa que supone la concesión arbitraria del título académico, conductas delictivas en concurso medial».
Y aunque el delito de cohecho estaría prescrito, entiende que está en concurso medial con el de prevaricación administrativa, en cuanto que la conducta indiciariamente prevaricadora -la concesión arbitraria del título en la que Casado coopera necesariamente – es el medio utilizado para otorgar la dádiva, es decir, el máster.
Ante un concurso de delitos, el plazo de prescripción es el que corresponda al delito más grave, en este caso la prevaricación que es de 10 años, por lo que estaría dentro del plazo legal.
