El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado un auto que marca un antes y un después en la política autonómica y nacional. Carlos Mazón Guarch, quien ostentara el cargo de president de la Generalitat Valenciana, ha sido formalmente imputado por su gestión durante la catástrofe meteorológica que asoló la provincia de Valencia en octubre de 2024. La decisión del magistrado instructor abre un proceso penal para dirimir si la actuación del político del Partido Popular y de su equipo de gobierno constituyó delitos de prevaricación y omisión del deber de socorro.
La noticia, que ha generado un impacto inmediato en la opinión pública y en las redes sociales, sitúa el foco sobre la cadena de mando y la toma de decisiones en las horas críticas en las que el agua desbordó cauces y barrancos, provocando pérdidas humanas y materiales sin precedentes en la historia reciente de España.
La cronología del silencio y la reacción judicial
El eje central de la investigación judicial reside en la gestión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI). Según los datos que maneja el tribunal, existen indicios de que la respuesta institucional no fue proporcional a las alertas emitidas por los organismos técnicos. En este proceso, la justicia investiga si la inacción o el retraso en la emisión de las alertas masivas a la población civil se ajusta a un supuesto de prevaricación, un delito que se produce cuando una autoridad o servidor público dicta una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta y contraria a la ley.
La querella que ha cristalizado en esta imputación fue presentada por diversas asociaciones de víctimas y colectivos ciudadanos, quienes denuncian que Carlos Mazón no se encontraba en su puesto de mando en el momento en que la situación pasó de riesgo a emergencia catastrófica. Los registros de las comunicaciones y las agendas públicas de aquel día son ahora piezas fundamentales de la instrucción para determinar el paradero exacto del expresident durante las horas en las que se debían tomar las decisiones más urgentes.
Los nombres propios de la causa
Junto a Mazón, el TSJCV ha llamado a declarar en calidad de investigadas a figuras clave de su anterior gabinete, marcando una línea de responsabilidad que afecta a toda la estructura de seguridad de la autonomía:
Salomé Pradas Ten: Exconsellera de Justicia e Interior. Sus competencias directas sobre los servicios de emergencias y la gestión de la plataforma de avisos ES-Alert la sitúan en una posición de máxima responsabilidad técnica y política. Su testimonio será clave para entender por qué el mensaje de alerta llegó a los ciudadanos cuando el agua ya inundaba las calles.
Nuria Montes de Diego: Exconsellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Su gestión de la crisis comunicativa y su papel en el consejo de gobierno durante las horas posteriores también están bajo lupa judicial, especialmente tras sus polémicas declaraciones sobre el acceso de los familiares a los lugares donde se custodiaban las víctimas.
El auto judicial también menciona a otros altos cargos de la Generalitat, como el entonces secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Javier Montero, cuya participación en las reuniones del CECOPI y su capacidad de asesoramiento son objeto de análisis detallado por parte de la fiscalía.
La omisión del deber de socorro: el cargo más sensible
Más allá de la gestión administrativa, la acusación por omisión del deber de socorro es la que mayor carga ética y social conlleva. Este delito se tipifica cuando alguien no auxilia a una persona que se encuentra desamparada y en peligro manifiesto y grave, siempre que pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros. En el contexto de una autoridad pública, la gravedad aumenta al considerarse que el auxilio forma parte de sus funciones inherentes.
Los peritos judiciales están revisando minuciosamente las horas de llegada de las primeras dotaciones de auxilio y la coordinación con la Unidad Militar de Emergencias (UME). El retraso en la solicitud de efectivos y la falta de una orden clara para el confinamiento de la población civil en las zonas de riesgo son los pilares sobre los que se construye la imputación de Carlos Mazón. La investigación busca determinar si hubo una negligencia deliberada o una incapacidad manifiesta que impidió salvar vidas en los municipios de l’Horta Sud y la Ribera.
Un escenario político en descomposición
La imputación de Mazón no solo tiene consecuencias legales, sino que ha provocado un terremoto interno en el Partido Popular. La dirección nacional de la organización, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, observa con preocupación cómo el proceso judicial erosiona la imagen del partido en uno de sus feudos históricos más relevantes.
Por su parte, la oposición en las Corts Valencianes, liderada por el PSPV-PSOE y Compromís, ha exigido la dimisión inmediata de todos los cargos vinculados a la causa que aún permanezcan en la administración. Los nombres de los diputados y portavoces que lideran estas peticiones, como el de Diana Morant por parte de los socialistas valencianos o Joan Baldoví por el grupo valencianista, resuenan en cada sesión de control, donde el ambiente es de máxima tensión y confrontación por la depuración de responsabilidades.
El papel de la sociedad civil y las víctimas
Las asociaciones que impulsan la causa, como la Asociación de Víctimas de la Riada, han manifestado que la imputación es «un primer paso necesario para la reparación moral de un pueblo que se sintió abandonado». Estas organizaciones han sido extremadamente críticas con la falta de transparencia del gobierno de Mazón en los meses posteriores a la tragedia, señalando que la opacidad sobre las reuniones del CECOPI solo sirvió para aumentar la angustia de las familias afectadas.
Los datos objetivos muestran que la alerta roja se activó a primera hora de la mañana por parte de la AEMET, pero el aviso masivo a los teléfonos móviles de la ciudadanía no se produjo hasta pasadas las ocho de la tarde. Esta brecha temporal es el punto crítico que Mazón deberá explicar ante el juez instructor. La acusación sostiene que esa demora fue letal para cientos de personas que se encontraban trabajando o circulando por carreteras que se convirtieron en trampas mortales.
Conclusiones de una jornada histórica
La imputación de Carlos Mazón marca un hito en la fiscalización del poder político en España. Nunca antes un cargo de esta relevancia se había enfrentado a acusaciones penales tan directas por la gestión de una catástrofe natural de estas dimensiones. La justicia deberá ahora determinar si los errores cometidos fueron producto de la confusión intrínseca del momento o si, por el contrario, existió una cadena de decisiones negligentes que constituyen infracciones penales graves.
El proceso se prevé largo y complejo. Las declaraciones de los investigados, el análisis de los registros telefónicos y los informes de los técnicos de emergencias serán determinantes para saber si la gestión de Mazón terminará en una sentencia condenatoria. Mientras tanto, la Comunitat Valenciana afronta un periodo de incertidumbre judicial, bajo la sombra de un sumario que busca dar respuesta a una pregunta que todavía atormenta a miles de personas: ¿se pudo evitar el desastre con una gestión diligente?
