El empresario Miguel Méndez Pozo, una de las figuras más criticadas durante la movilización ciudadana del burgalés barrio de Gamonal por su vinculación a la especulación inmobiliaria que denunciaban los vecinos, sigue recibiendo con preferencia encargos de obra pública del Ayuntamiento de Burgos, dirigido por el Partido Popular.
Méndez Pozo –promotor inmobiliario, editor de varios periódicos castellanos y gestor del Hospital Universitario de Burgos entre otros cargos, además de amigo personal del expresidente Aznar, socio de integrantes de la trama empresarial de la Gürtel y ya condenado en los noventa por corrupción urbanística– será quien ejecute, a través de su empresa Río Vena y junto a la constructora Sacyr, la nueva plaza de toros de Burgos.
El alcalde de Burgos en funciones, Ángel Ibáñez, ha explicado que será en la Junta de Gobierno Local del 4 de septiembre cuando se realice la adjudicación definitiva de las obras a estas empresas.
A pesar de que al concurso se presentaron 6 ofertas de importantes constructoras españolas, la beneficiada ha sido una vez más la que está en manos de Méndez Pozo.
El concurso para la construcción del recinto contempla una inversión de casi 4,5 millones de euros más IVA para realizar la primera fase del futuro pabellón, a la que se sumarán otras para climatizar la infraestructura y dotarla de vestuarios y demás complementos. Una potente inversión para un Ayuntamiento endeudado en más de 500 millones de euros.
Un historial de polémicas adjudicaciones públicas
Méndez Pozo ya se ha visto envuelto anteriormente en concesiones de obras sospechosas de irregularidades, incluyendo el caso de Gamonal, en el que el Ayuntamiento escogió a los candidatos más caros y no respetó el anonimato de las propuestas.
En la actualidad, la plaza de toros no es la única adjudicación que recae sobre Méndez Pozo. Su constructora está realizando la transformación de la antigua sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un centro cívico. Una obra que ha roto con mucho su presupuesto inicial, así como su plazo de ejecución.
El constructor Méndez Pozo es desde hace ya tres décadas, y sin escarmientos, el gran poder político y económico en la ciudad, a pesar de que sus desmanes urbanísticos le llevaron a la cárcel en los años 90, condenado por su implicación en el “caso de la construcción” por falsedad de documento público y prevaricación.
Fue el primer gran caso de corrupción urbanística juzgado en España en el que, además de Méndez Pozo, se condenó a concejales y diversos funcionarios públicos, entre los que se encontraba el entonces alcalde de Burgos, José María Peña (relacionado también con la trama Gürtel).
Sin embargo, de los siete años de prisión a los que fue condenado, Méndez Pozo cumplió finalmente tan solo nueve meses de presidio, y ahora sus antecedentes penales no le impiden continuar haciéndose cargo de los negocios urbanísticos de obra pública más importantes de Burgos.
