El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha recurrido su citación como imputado el próximo 18 de enero en el caso Villarejo, argumentando que en ese momento se produciría una «indefensión», ya que considera que se basa únicamente en una denuncia falsa, cuya investigación está pendiente de que el propio juez instructor decida.
Sánchez Galán ha presentado este viernes un recurso contra el auto dictado el 2 de diciembre por el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Joaquín Gadea, que pone fecha a las declaraciones como investigados de Sánchez Galán y de los ex directivos de Iberdrola, Fernando Becker, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo, todas ellas pendientes desde el pasado verano.
En su recurso, afirma que su intención no es evitar comparecer ante el tribunal, recordando en este sentido que él mismo se puso a disposición de la sede judicial antes de ser llamado a la causa, y subraya que el problema es que en el actual «contexto procesal», su declaración generaría una «ausencia de defensa».
Esto, explica, se debe a que «el elemento básico» de su imputación es un informe elaborado en diciembre de 2004 por el ex director de control de funciones corporativas de Iberdrola José Antonio del Olmo, en el que denunciaba presuntas irregularidades y registraba varias facturas, una de ellas emitida por el CENYT, el grupo comercial del comisario José Manuel Villarejo.
Iberdrola se querelló en 2020 contra su ex jefe, alegando que era un expediente falso. Este tribunal la desestimó, pero el 12 de noviembre la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ordenó reabrirla e instó al instructor a pronunciarse sobre el informe, bien examinándolo en esta pieza separada de la macrocausa «Tándem», bien haciéndolo en un procedimiento aparte, una orientación -reprocha Sánchez Galán- «no abordada hasta ahora».
Por ello, la defensa del presidente de Iberdrola considera que antes de interrogarle, el magistrado debería cumplir con las indicaciones del tribunal penal. En la misma línea, la compañía energética se ha manifestado en un documento presentado también el viernes, en el que insta a investigar si el informe de Del Olmo es falso antes de proceder a la ronda de declaraciones acordada entre el 17 y el 20 de enero.
El jefe de la compañía eléctrica argumenta que si finalmente el juez concluye que este «expediente» no es útil para sus investigaciones, «automáticamente» caerían los indicios contra él, ya que no hay nada «más allá de lo que ha escrito y declarado el señor Del Olmo», y que su investigación sería «claramente improcedente».
«Pruebas ilegales».
Además, aprovechó para reiterar que el informe Del Olmo constituye una «prueba ilícita», ya que si las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales son ilegales, «con mayor razón lo serán aquellas que, en sí mismas, pueden ser constitutivas de delito, al estar materializadas en un documento cuya falsedad ha sido denunciada y sobre el que existen indicios de tal magnitud que la propia Sala de lo Penal ha considerado oportuno investigar».
Sánchez Galán afirma que el informe de Del Olmo constituye una «prueba ilegal».
En este sentido, señala que ni la Constitución ni el Tribunal Supremo permiten interrogar a una persona en base a «elementos que muestran signos de falsedad y que deben ser objeto de una investigación judicial».
También argumentó que el instructor no había respondido a la petición de Sánchez Galán de archivar la causa por prescripción de los cargos que se le imputaban, un «silencio judicial» que, según él, supone «una flagrante violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva».
En cualquier caso, ha querido confirmar que «nunca ha conocido, en el ejercicio de sus responsabilidades en Iberdrola, ninguna conducta por parte de empleados o directivos que fuera constitutiva de delito». «Un comportamiento que nunca hubiera consentido», añade.
En esta pieza separada número 17 del caso «Tándem» -la macrocausa sobre las numerosas y diversas empresas privadas de José Manuel Villarejo- se examinan los encargos ilícitos que Iberdrola habría realizado a lo largo de los años al comisario ya jubilado.
