La historia de la transición española ha cerrado hoy uno de sus capítulos más oscuros con la confirmación del fallecimiento de Antonio Tejero Molina. El exteniente coronel de la Guardia Civil, que el 23 de febrero de 1981 encabezó el asalto armado al Congreso de los Diputados, ha muerto a los 93 años en un centro hospitalario de Málaga. Su fallecimiento se produce apenas tres días después del 45 aniversario de la asonada militar y coincide, de forma casi poética para el relato oficial, con el proceso de desclasificación de documentos secretos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha esta misma semana.
La figura de Tejero representaba el último vestigio viviente de un sector del estamento militar que se resistió violentamente a la llegada de la democracia. Durante décadas, los integrantes de los movimientos reaccionarios lo elevaron a la categoría de icono, mientras la inmensa mayoría de la población española lo recordaba como el hombre que, pistola en mano, ordenó a los representantes de la soberanía nacional que se tirasen al suelo. Su muerte marca el fin biológico de una época, pero el debate sobre sus actos está más vivo que nunca debido a la reciente publicación de informes del antiguo Cesid.
La desclasificación de los secretos del 23-F ha arrojado luz sobre la participación de diversas organizaciones y mandos en la preparación del golpe. Según los documentos que el gabinete ministerial (integrado mayoritariamente por ministras, quienes han liderado esta apuesta por la transparencia) ha empezado a publicar en el BOE, la toma de las instalaciones de RTVE en Prado del Rey no fue una simple maniobra de control comunicativo. Las órdenes que recibieron los militares desplegados en la televisión pública eran claras: debían ejercer una violencia letal ante cualquier intento de recuperar el control del edificio. «Tirar a matar» era la instrucción específica en caso de que las fuerzas leales a la legalidad constitucional intentasen desalojar a los sublevados.
Estos datos desmienten la narrativa de un golpe «incruento» o de opereta que algunos sectores han intentado difundir durante casi medio siglo. La apertura de los archivos ha contado con el respaldo de intelectuales y expertos, quienes argumentan que la ciudadanía tiene derecho a conocer la magnitud real del peligro que corrió la democracia. Por su parte, el presidente Sánchez ha señalado que la muerte de Tejero no detendrá el proceso de auditoría histórica. Al contrario, el Gobierno planea convertir el acceso a estos folios en una herramienta educativa para que las nuevas generaciones de la población comprendan los riesgos del autoritarismo.
Desde la oposición, el Partido Popular y Vox han mantenido un perfil bajo ante la muerte del golpista, aunque han criticado que el Ejecutivo utilice la desclasificación para, según sus portavoces, «reescribir el pasado» en un momento de debilidad política. Sin embargo, para las personas que sufrieron la represión y para los familiares de los políticos que aquel día estuvieron bajo la amenaza de las armas, la transparencia documental y el fin de la figura de Tejero suponen un cierre necesario para la memoria democrática de España.
