La mayoría de los contratos públicos de todos los ministerios del Gobierno se adjudican de manera opaca, sin concurso y sin publicidad. Es el avance de los resultados del proyecto de la fundación ciudadana Civio, enfocada a la lucha por la transparencia, llamado «¿Quién cobra la obra?«, con el que investigan la contratación pública en España.
Según los datos recabados por Civio, el 60% de los contratos que los ministerios adjudicaron tanto en el año 2013 como en el 2014 no se adjudicaron por el procedimiento abierto ordinario y preferente contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público, sino que fueron otorgados a las empresas mediante el sistema del negociado: una fórmula legal que en muchas ocasiones sirve para asignar los contratos públicos «a dedo».
En el último año, de los 7.237 contratos adjudicados superiores a los 50.000 euros, solo 2.889 siguieron la vía del concurso abierto, frente a los 4.301 concedidos por negociado. De estos últimos, 4.093 se concedieron sin publicidad, casi la totalidad. El resto, 47, se adjudicó mediante procedimiento restringido o normas internas.
El ministerio que más contratos adjudicó en el año 2014 fue Defensa, con 2.389, de los que el 71% se llevaron a cabo mediante negociados. Un porcentaje que aún supera el ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que alcanza el 82% de negociados a pesar de haber adjudicado en el mismo período tan solo 88 contratos públicos. El ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con un 70% de negociados, también se encuentra entre los que menos concursos públicos oferta.
Por el contrario, los ministerios con mayor adjudicaciones por concurso son el de Justicia (31,58% de negociados), Agricultura, Alimentación y Medioambiente (35,95% de negociados) y Empleo y Seguridad Social (42,9% de negociados).
El objetivo de este proyecto de Civio es el de realizar «una radiografía precisa de lo más goloso del pastel público: la contratación de obra civil», que verá la luz al completo el próximo otoño añadiendo las cuantías de las adjudicaciones y analizándolas una por una para ver si se ajustan a la ley, y añadiendo al análisis a las comunidades autónomas, entidades locales y otros organismos públicos, así como ampliando la investigación a otros años para contrastar entre Gobiernos, enfocando a qué empresas han acaparado la contratación pública, «protagonista en muchos casos de corrupción de los últimos años».
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