Ayuso dará becas a estudiantes que cursen bachillerato en centros privados de las que se beneficiarán familias con rentas altas por exigencia de Vox

La Comunidad de Madrid dará becas públicas a alumnos de bachillerato que estudien en centros privados. Además, las rentas altas podrán solicitar estas becas, porque el único requisito para este cheque es tener unos ingresos, por miembro, por debajo de 36.000 euros. Es decir, que un hogar con dos niños, que gane por ejemplo 140.000 al año, podrá solicitarla.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no llevaba esta medida en el programa. Es una exigencia de Vox, que asegura que los alumnos de la educación privada están discriminados. Con este pretexto, el grupo de extrema derecha registró una Proposición no de Ley en la Asamblea «para que en Madrid todos los alumnos de Bachillerato pudieran tener beca para estudiar en un centro privado ya que el PP solo daba esa oportunidad a los alumnos de centros concertados», defendió el diputado Jaime de Berenguer.

Ahora el PP ha defendido esta medida como propia. Concretamente, el argumento que usa en el texto es el de «libertad educativa», sosteniendo que «removerá los obstáculos económicos» que puedan tener algunas familias para garantizar que sus hijos, que comienzan los estudios postobligatorios, «los puedan hacer en el centro de su elección».

Una elección que, especifica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 18 de abril, «podría verse limitada si los alumnos no pueden completar sus estudios en el centro donde han venido realizando la enseñanza obligatoria».

En total, la Comunidad de Madrid gastará 43,5 millones para 15.000 estudiantes de la privada, lo que suponen solo el 14% de los alumnos madrileños.

Los colegios privados desmienten que este sea el motivo: esta ayuda no es para sus alumnos, sino para captar nuevos

Los sindicatos creen que esta es una medida más como parte de la estrategia del PP de Madrid de privatizar la educación. Desde la Secretaría de Educación de Comisiones Obreras consideran esta decisión «muy injusta» porque creen que con los impuestos se va financiar una educación no obligatoria «a quienes más tienen».

Tampoco gusta a las asociaciones de padres, que lamentan que se vayan a derivar recursos públicos a entidades privadas.