La coordinadora 25S se querella contra Cifuentes y el director de la Policía por prohibir los símbolos republicanos durante la coronación de Felipe VI

La Coordinadora 25-S ha presentado una querella contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, por prohibir la exhibición de símbolos republicanos durante los actos de proclamación del rey Felipe VI.

Ha sido la letrada Doris Benegas la encargada de presentar la querella en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid en nombre de tres denunciantes, que extienden la denuncia al jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díez.

Un texto que ha acompañado con partes de lesiones, 50 fotografías y 21 vídeos de prensa que recogen, según ha dicho Benegas a los periodistas, momentos que reflejan la «vulneración» de derechos fundamentales de los ciudadanos desde el 1 de junio pasado hasta la proclamación del rey, el 19 de ese mes.

En el texto los querellantes subrayan que la Dirección General de la Policía acordó «la prohibición de toda expresión pública, individual y colectiva de signo republicano o antimonárquico, especialmente en el centro de Madrid, y dio orden a los agentes de que «actuaran en consecuencia». Añade que el día 11, cuando se votó en el Parlamento la ley de abdicación de Juan Carlos I, la Policía no permitió a muchas personas llegar hasta la Plaza de Neptuno, donde la Coordinadora 25S había convocado una concentración, e incluso «impidió hacer su trabajo a los medios de comunicación, que se quejaron».

Según la querella, en los días previos a la proclamación de Felipe VI la Policía retiró simbología republicana de algunos balcones y se prohibieron manifestaciones convocadas para ese día por la Coordinadora. Y ese mismo día, añade el texto de la denuncia, una mujer fue inmovilizada por los agentes cuando intentaba sacar una bandera republicana, a un hombre «le tiraron al suelo y le esposaron» por un acto similar y otras personas fueron «detenidas» durante dos horas «por estar en las listas de activistas».

Para Benegas, se trata de un «atropello» a los derechos de los ciudadanos y una actuación «absolutamente humillante» al prohibir toda expresión republicana, lo que para la letrada es «antidemocrático», ya que, además, «incita al odio» hacia las personas que no son monárquicas.

Una «represión absoluta» en las calles que «no puede quedar impune, ha resaltado Benegas, quien considera que los tres querellados son responsables de delitos contra los derechos fundamentales de las personas, como el de manifestación, reunión, libertad de expresión o libre movimiento; o de detención ilegal, entre otros.