“Declarar a una virgen alcaldesa perpetua es un insulto a la inteligencia”

El presidente de Europa Laica, Juan José Picó, reclama vías para promover la laicidad del Estado y cumplir el mandato constitucional.

El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidos Podemos incluye la aprobación de una ley de libertad de conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas. También incluye el compromiso de recuperar los bienes «indebidamente» registrados por la Iglesia.

Tres años después de la firma de este documento, apenas se ha avanzado en este ámbito. Esta semana, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una proposición no de ley promovida por el grupo parlamentario de Unidos Podemos «para el impulso de cambios normativos en materia de libertad de conciencia y laicidad de las instituciones públicas». Pero el texto aprobado sufrió finalmente importantes cambios tras un nuevo acuerdo alcanzado entre PSOE y UP.

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Mientras que la propuesta inicial instaba al Gobierno a denunciar y derogar los Acuerdos con la Santa Sede, la PNL final habla de «seguir promoviendo el diálogo con la Iglesia Católica». En cuanto a la presentación de un proyecto de ley de libertad de conciencia, la propuesta aprobada pide un estudio previo sobre la situación de la libertad religiosa y de conciencia en España, con el fin de promover dicha legislación. En cuanto a los registros de la Iglesia, queda por «seguir aclarando la situación jurídica» de los bienes de la Iglesia.

Juan José Picó : Presidente de Europa Laica

El laicismo y la libertad de conciencia no están en la agenda política».
«El laicismo y la libertad de conciencia no están en la agenda política, a veces ni siquiera aparecen en los periódicos, pero después de tantos años de Constitución es hora de hablar de estos temas y tener un camino a seguir».

Así lo cree Juan José Picó, presidente de Europa Laica, la organización que lleva más de 20 años luchando para que se respete el mandato constitucional de aconfesionalidad del Estado. Una de estas posibles vías, explica, son los reglamentos laicos en los ayuntamientos, como el aprobado en 2019 en Rivas Vaciamadrid, el primer municipio de España en hacerlo.

«La cuestión de la laicidad no sólo concierne al Estado central. Donde el simbolismo es violado por la rutina, a veces por la condena, es en los municipios, con fuerzas incluso progresistas, donde se fomenta incluso el nombramiento de alcaldes perpetuos», dice Picó.

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Europa Laica ha elaborado un proyecto de ley sobre la libertad de conciencia que pretende presentar a las fuerzas políticas. Lo hace con convicción, pero con pocas garantías de éxito. Su objetivo es abrir el debate a la opinión pública para que se sepa, entre otras cosas, que la Iglesia católica se embolsó 12.000 euros de dinero público en el año de la pandemia, gracias a privilegios intocables, una asignatura pendiente en la democracia española.

«En España ha habido un desarrollo limitado de la libertad ideológica», dijo.
«La libertad de conciencia es un derecho fundamental, de importancia capital, porque la libertad de pensamiento, todo lo que está asociado a la libertad de expresión, de opinión, de manifestación, constituyen la articulación social, una sociedad que debe ser crítica, que requiere pensamiento. Estamos en una época en la que el pensamiento único está echando por tierra muchas iniciativas, está homogeneizando la sociedad, y por ello la libertad de conciencia es un valor fundamental que hay que proteger y garantizar».

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El presidente de Europa Laica explica que en España ha habido un desarrollo «limitado» de la libertad ideológica (artículo 16.1 de la Constitución), muy restringido a las creencias religiosas «como si los demás no tuviéramos otras conciencias y otros valores», por lo que reclama un desarrollo legislativo que «esté amparado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los convenios a nivel europeo, así como por la propia Constitución».

En su opinión, es necesaria una ley que «abarque todo tipo de opciones de conciencia además de las religiosas, incluidas las contrarias a la religión», y no seguir «manteniendo el estatus de la Transición para no tocar la relación entre el Estado y la Iglesia católica».

«La Iglesia católica debe financiarse con sus fieles y sus recursos».
La derogación de la ley de libertad religiosa es otro de los puntos clave que plantea Europa Laica en su propuesta. Esto se debe a que esta legislación concede privilegios a la Iglesia católica y también a otras confesiones minoritarias como los musulmanes, los judíos y los evangélicos. Pero el tótem de los privilegios sigue cayendo a favor del primero, «en términos de financiación, impuestos, presencia en la educación, cuestiones legales, etc.».

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«La libertad religiosa forma parte de la libertad de conciencia y, por tanto, con los mismos derechos. Pero no es posible que sean los únicos derechos actualmente regulados».

Para Juan José Picó, la principal violación de la aconfesionalidad del Estado, consagrada en la Constitución española, es el tema de la financiación a costa de las arcas públicas. «La Iglesia católica tiene que financiarse con sus fieles y sus recursos. Pero este no es el caso. El último informe financiero presentado por la Conferencia Episcopal muestra que la Iglesia recibió casi 300 millones de euros en concepto de impuesto sobre la renta, de los cuales el 75% se destinó al funcionamiento interno de la institución.

A esto hay que añadir los privilegios fiscales, con exenciones de impuestos y el peso que sigue teniendo la Iglesia en el marco educativo.

«¿Desde cuándo debe ser obligatoria una confesión religiosa, aunque sea opcional para los alumnos? ¿Cómo es posible? Porque no se trata de la libertad de enseñanza, como pretenden los sectores confesionales. La religión debe estar fuera de la escuela, en la parroquia, la mezquita, la sinagoga y, por supuesto, en la familia. Otra cosa es que se enseñe la historia de las religiones», dice Picó.

Y luego están los bienes registrados.

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«El tema de las matrículas es también una legislación privilegiada que permite a la Iglesia católica apropiarse de más del 80 por ciento del patrimonio histórico-artístico español, gracias a una ley franquista que han mantenido todos los gobiernos en funciones y que no se ha resuelto, a pesar de haber un acuerdo de gobierno de coalición.

‘Hay un truco de los sinvergüenzas en las relaciones de cooperación de la Iglesia’.
La Constitución de 1978 establece en su artículo 16.3 que «ninguna religión tendrá carácter estatal». Pero a continuación dice que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia católica y otras confesiones», aunque no aclara cómo.

«En ninguna parte está escrito cómo deben ser estas relaciones de cooperación. Y lo que ha sucedido es que ha habido una triquiñuela de los sinvergüenzas en estas relaciones que ya estaban preestablecidas en los acuerdos, que aunque se firmaron seis días después de la Constitución, estaban completamente diseñados y pactados de antemano. Este marco para la fiscalidad, la educación y los asuntos judiciales parece ser el núcleo de la cooperación. Esto está abierto en la Constitución, por lo que algunos gobiernos pueden decir que la cooperación puede llegar hasta aquí y otros hasta allá.

La propuesta de Ley de Europa Laica reconoce plenamente el derecho de todas las personas. El texto incluye los derechos de los niños.

«Los derechos de los menores están totalmente desatendidos. La libertad de conciencia de los menores está reconocida por la Convención de la ONU, pero no existe una protección o garantía real y efectiva. Los niños son considerados propiedad de sus padres, su propiedad exclusiva, y esta es una visión paternalista ancestral que no tiene cabida. Los niños tienen sus derechos y la ley pretende regularlos», afirma.

La ley también pretende regular la objeción de conciencia en temas como el aborto o la eutanasia, e incluso en el ejército, o el derecho a la apostasía, que la Iglesia sigue encontrando muy difícil de regular.

«Declarar a una virgen como alcaldesa perpetua es un insulto a la inteligencia».
Pero si hay un ámbito que carece absolutamente de regulación, es el de la simbología. Pedro Sánchez dio un paso adelante en la laicidad del Estado al convertirse en el primer presidente del Gobierno desde la Transición que ocupa el cargo de forma aconfesional, sin crucifijo ni Biblia. El funeral de Estado por las víctimas de la pandemia fue también el primero que se celebró de forma no confesional.

«No hay nada regulado en este campo y se producen aberraciones -que son insultos a la inteligencia, además de violar el laicismo- cuando resulta que en un ayuntamiento se declara alcalde perpetuo, con honores, a un fulano virgen. O cuando la corporación municipal sale en procesión, cuando debería representar a todos y, por tanto, ser neutral, y sale en procesión con una determinada confesión, que siempre es la misma. O cuando Europa Laica presentó una queja por la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Policial a la Virgen del Rosario de Málaga por los hechos ocurridos por culpa de la policía. Son elementos que influyen en la inteligencia e incluso en la racionalidad. Esto crea una atmósfera, incluso entre los funcionarios que deberían ser neutrales pero no lo son. Hay que garantizar la libertad religiosa, pero lo público debe ser de todos.


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