
¿Es posible trabajar cuatro días a la semana o 32 horas y seguir produciendo tanto como en la actual jornada de cuarenta horas? El Gobierno valenciano busca empresas valencianas dispuestas a comprometerse con esta reducción en el marco de un proyecto piloto que pretende sentar las bases de lo que podría ser un cambio profundo en el sistema laboral valenciano.
En la actualidad, tres universidades valencianas han elaborado un informe en el que se analizan las ventajas e inconvenientes de la implantación de la jornada laboral de cuatro días, y la Conselleria de Economía, a través de Labora, va a poner en marcha una serie de subvenciones de tres años de duración para apoyar a las empresas que quieran dar el paso.
Las opiniones son diversas y, de hecho, ni el informe universitario ni la administración pública han llegado a una conclusión común. Los autores del informe consideran que es la administración pública la que debe liderar este proceso, mientras que la administración no lo tiene claro y apuesta por las empresas para iniciar la transformación.
El informe fue presentado hace unos días y, como explicó el coordinador de este proyecto académico de Avalem Territori, Jorge Hermosilla, se necesitan cambios importantes antes de pensar en la reducción de la jornada laboral: «A corto plazo, sindicatos y empresarios nos dicen que hay que tomar medidas imprescindibles, como reducir la precariedad laboral, mejorar la flexibilidad y formar a los trabajadores».
Además, otra desventaja es el tamaño de la empresa, ya que el 95% de las empresas valencianas tienen menos de diez trabajadores y dependen mucho de la jornada laboral de sus empleados, lo que no ocurre de la misma manera en las grandes empresas.
Otro reto es la productividad. A los empresarios les preocupa que la reducción del número de horas de trabajo reduzca la eficiencia de su empresa. La administración pública reconoce que se trata de un reto, pero que se puede abordar: «Trabajamos más que la media europea y somos menos productivos, algo falla en esta ecuación. Si somos capaces de mejorar la productividad, habremos dado un gran paso adelante y esto repercutirá en el trabajo, pero también en la conciliación, la salud e incluso el medio ambiente», explicó el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, tras la presentación del informe.
El informe «La reducción de la jornada laboral», realizado por la Universitat de València, la Universitat Jaume I y la Universitat d’Alacant, realizó «una fotografía de la situación actual», entrevistando a empresarios, sindicatos y diferentes protagonistas de todos los sectores económicos en 14 comarcas valencianas.
Este informe será utilizado por la administración pública para estudiar los próximos pasos a dar. El conseller de Economía, Rafael Climent, cree que la reducción de la jornada laboral tendría muchas ventajas y además permitiría emplear a más personas: «Queremos que haya empresas que, trabajando menos, puedan ser más productivas y tengan más empleabilidad».
De hecho, ya hay empresas que están interesadas en el proyecto y lo están poniendo en práctica. En general, son las empresas tecnológicas las que tienen mayor capacidad de adaptación a estos cambios», coincide Climent, «aunque es un sistema que puede afectar a todo el tejido empresarial».
De momento, sólo las empresas darían el primer paso: «En la administración estamos pensando en hacer una prueba piloto, pero es más complicado.
Subvenciones de Labora para las empresas que lo deseen
Pronto se pondrá a disposición una subvención, que está en la fase final de redacción, para apoyar a las empresas que deseen implantar voluntariamente la jornada laboral de 4 o 32 horas. En principio, la ayuda se concederá durante los tres primeros años e incluirá formación y apoyo.
El Ministerio de Industria se dirige a la Comunidad Valenciana
La iniciativa de la Comunidad Valenciana es pionera a nivel nacional, hasta el punto de que el Ministerio de Industria ha tomado nota del proyecto para poner en marcha uno similar a nivel nacional. Está previsto que el Ministerio publique en marzo el programa, que destinará 50 millones de euros para ayudar a las empresas voluntarias a implantar este tiempo de trabajo.