España: más de 300 políticos imputados por corrupción, Valencia y Baleares a la cabeza

Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno -como el exministro José Blanco, relacionado con la ‘Operación Campeón’-, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.

A la cabeza se encuentran la Comunidad Valenciana y Baleares, seguidas de cerca por otras regiones como Cataluña o Galicia. Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.

Dentro de los casos que están siendo investigados en España hay que destacar los de Bankia y la CAM, en los que están imputados exmiembros de sus consejos de administración que han ostentado cargos públicos, entre ellos los exministros Rodrigo Rato y Ángel Acebes, ex secretarios de Estado, exdiputados o exalcaldes. También están en manos de la Audiencia Nacional investigaciones sobre el Banco de Valencia, Novacaixa Galicia y Caja Castilla-La Mancha.

En Cataluña está abierto el caso Millet, que estudia la presunta financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música y del enriquecimiento de la cúpula de esta centenaria institución cultural barcelonesa. Además del expresidente de la entidad, Fèlix Millet, y el exdirector financiero, Jordi Montull, están imputado el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, y el exsecretario de Comunicación y actual director de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona, Mar Puig.

Otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses es el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas cerca de 70 personas, entre las que se encuentran el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá, los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social, un exparlamentario socialista o el exdelegado provincial de Empleo.