El titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha rechazado la petición de la Agencia Anticorrupción de imputar a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y al exconsejero de Sanidad Juan José Güemes por la reducción ilegal de 135 camas en el hospital Puerta de Hierro de Madrid, que causó un perjuicio de 10 millones de euros al erario público.
«El hecho de que Esperanza Aguirre Gil de Biedma, Juan José Güemes y Ana Sánchez Fernández fueran los máximos responsables de la Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad y del Órgano de Contratación en mayo de 2008 no justifica la atribución de la condición de sospechosos» como pretendía la Fiscalía.
Para tomar esta decisión, el magistrado ha recordado que la declaración de la única persona investigada hasta el momento, la entonces directora de Planificación y Equipamiento Sanitario, Elena de Mingo, «dio lugar a la resolución sobre la reducción del número de camas en el hospital procedente directamente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid».
También se basa en una sentencia en la que el Tribunal Supremo estableció que cuando la acción delictiva se desarrolla en el seno de una organización o estructura compleja y jerarquizada, la complejidad «no exime, desde luego, de un juicio de autoría cuando éste queda acreditado».
Pero, «en ningún caso puede dar lugar a atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho del cargo o puesto que una determinada persona ocupa en la organización, por muy elevado que éste sea. Hacerlo sería una flagrante violación del principio de culpabilidad», indica la sentencia invocada por el tribunal para rechazar la imputación de estos ex funcionarios de la Comunidad de Madrid.
Anticorrupción presentó una denuncia contra la directora de Planificación y Equipamiento Sanitario de la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2011, Elena de Mingo, por presuntas irregularidades en la construcción y explotación del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
Según la denuncia, hay pruebas de que «al obviar el procedimiento administrativo mínimo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de condiciones administrativas, se modificó de hecho el contrato de concesión para la construcción del hospital».
Como resultado, «la administración pagó mayores costes por servicios que nunca se prestaron», lo que supuso una pérdida de más de 10 millones de euros en fondos públicos de la UE.
El contrato se modificó en 2008 y las 135 habitaciones del hospital pasaron de ser dobles a individuales.
Para justificar este cambio se invocó una resolución de 5 de mayo de 2008, dictada a instancias de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no existía, dice el Ministerio Público, que destaca «la radical ilegalidad de la reducción de las 135 camas del hospital, que se llevó a cabo sorteando cualquier procedimiento administrativo».
Pero, además, «el equilibrio económico del contrato de concesión debería haberse restablecido a favor de la Administración mediante la oportuna modificación, con el fin de evitar el impacto negativo en las arcas públicas».
