Las asociaciones Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente y la organización defensora de los derechos y libertades civiles Rights International Spain (RIS) han denunciado ante la ONU «los ataques a la independencia judicial en España» por parte del Gobierno del PP.
Según el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquím Bosch, «las presiones del poder político para controlar la judicatura han llegado a niveles que no tienen equivalentes en toda la etapa democrática», lo que está «erosionando gravemente la credibilidad de nuestras instituciones judiciales». «En nuestro país la división de poderes corre riesgos muy serios y por eso necesitamos la intervención de los organismos internacionales», ha expresado Bosch, quien ya calificó esta legislatura como «la peor de la historia».
Es por este motivo que las tres organizaciones firmantes han remitido un escrito a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, en el que denuncian la reforma de la Ley Órganica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), así como el reciente y controvertido nombramiento del nuevo Presidente de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo en circunstancias anómalas.
Sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se encuentra actualmente en tramitación en el Senado a iniciativa del Gobierno de Rajoy, las organizaciones denuncian que «afecta especialmente a las causas por corrupción política, al impedir a los jueces realizar todas las investigaciones necesarias para la averiguación de los hechos delictivos» , ya que establece «un plazo límite para la instrucción penal con el objetivo de agilizar la justicia» pero sin dotar presupuestariamente la reforma «para que los investigaciones penales puedan llevarse a cabo en los plazos establecidos», contribuyendo a «aumentar la impunidad».
El documento también pone en entredicho la última reforma ya aprobada de Ley Orgánica del Poder Judicial, que introduce «modificaciones que merman el carácter colegiado (y por tanto, la independencia) del Consejo General del Poder Judicial». Las organizaciones subrayan que con esta son ya nueve las leyes aprobadas a iniciativa del Partido Popular sobre la LOPJ sin que se haya dado «una verdadera consulta con las organizaciones de la sociedad civil ni se hayan tenido en consideración las opiniones de los operadores jurídicos», a pesar de tratarse de reformas legales de «hondo calado» que «tienen un impacto en la seguridad jurídica».
En cuanto a la elección del nuevo miembro del Tribunal Supremo, Luis Díez Picazo, en sustitución del magistrado José Manuel Sieira Míguez, el escrito denuncia injerencia política por parte del Gobierno. El nombramiento, que se ha producido sin justificación y transparencia según las organizaciones, «marca un hito al tratarse de la primera vez en la historia del Alto Tribunal que no se renueva a un Presidente de Sala para un segundo mandato», a pesar de llevar 22 años de Magistrado del TS, y «constituye una manifestación más de la situación difícil que atraviesa la independencia judicial en España, en concreto, de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, cuya consecuencia está siendo una merma en la independencia de los jueces».
No es la primera vez que estas organizaciones denuncian ante organismos internacionales la situación judicial en España. Ya en abril de este mismo año Jueces para la Democracia y RIS dirigieron una carta y un informe a la Comisión Europea denunciando tanto la LOPJ como LECrim, e instando a la Comisión a «adoptar una serie de medidas para impedir que siga deteriorándose el Estado de Derecho en España».
Para la directora de RIS, Lydia Vicente, se «la situación en cuanto a la falta de independencia judicial en nuestro país es insostenible» porque «supone una vulneración flagrante a uno de los elementos más esenciales del estado de derecho» y porque «sin jueces independientes los derechos y libertades de toda la ciudadanía están en peligro».
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