Jueces y fiscales irán definitivamente a la huelga el 22 de mayo ante la negativa de Rajoy de atender sus reivindicaciones sobre la independencia judicial

Ya lo advirtieron el pasado 5 de abril pero el Gobierno de Rajoy no ha movido ficha hacia la independencia del sistema judicial en el plazo concedido y ahora los jueces y fiscales hacen firme su aviso de ir a la huelga el próximo 22 de mayo en una convocatoria secundada por todas sus asociaciones profesionales.

Según un comunicado difundido por la asociación de jueces, «se ha puesto de manifiesto que se han intentado otras vías alternativas que han sido desatendidas hasta la fecha» por lo que proceden a ir definitivamente a la huelga y quedan ahora a la espera de la fijación de los servicios mínimos.

Las movilizaciones comenzaron el pasado 5 de abril, día en que arrancaron los paros frente a las sedes judiciales de toda España donde se leyeron las reivindicaciones de jueces y fiscales para la administración de justicia, recogidas en el documento llamado ’14 propuesta para la mejora de la Justicia’, al que se han adherido más de 3.500 profesionales de la judicatura y la fiscalía.

En el comunicado de ese día, las asociaciones calificaron de «decepcionante» la marcha de las negociaciones desde que el pasado 16 de junio dieron a conocer sus propuestas para la mejora de la justicia y acusan al Gobierno de haberlas desatendido.

Estos son los 14 puntos que exigen los jueces y fiscales

Reforzar la independencia judicial: Consejo General del Poder Judicial

1.- Sistema de elección de los vocales de procedencia judicial por los jueces y las juezas, asegurando la igualdad de género y la presencia de las minorías; Sustitución del funcionamiento presidencialista por el colegiado del órgano; Dedicación exclusiva de los vocales, y recuperación de las competencias que tenía con anterioridad a la Ley Orgánica 4/2013.

2.- El CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia. Resulta llamativa la escasa utilización del procedimiento de amparo previsto en los arts. 14 LOPJ y 318 Reglamento 2/2011 por parte de los jueces y juezas.

Modernización de la Administración de Justicia: calidad y eficacia

5.- Plan de inversión suficiente y prolongado a fin de conseguir un servicio público que asegure la calidad de la respuesta, rapidez en la resolución y garantías de los derechos fundamentales, todo ello en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente.

6.- Para la modernización de la Administración de Justicia es preciso un importante esfuerzo inversor. Un plan decenal de inversiones prorrogable, destinado -entre otros aspectos- a:

a) Incrementar el número de jueces y juezas, equiparándolo a la media europea, convocando al menos 250 plazas en cada uno de los próximos cuatro años (incluyendo el turno libre y el cuarto turno);

b) Modernizar los edificios judiciales;

c) Implantar el expediente judicial útil y operativo que facilite el ejercicio de la función jurisdiccional, dotando a jueces y juezas de los medios técnicos necesarios para poder desempeñar su función jurisdiccional usando las nuevas tecnologías, y
d) Procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes (así, en el Estatuto de la Víctima y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre el derecho a la interpretación y traducción en los procesos penales, entre otros).

7.- Racionalización de la planta judicial:

a) Implantación de los tribunales de instancia, respetando las exigencias de independencia e inamovilidad, garantizando el acceso a la justicia de todas las personas. Mientras tanto, deberán de crearse órganos judiciales suficientes para atender al incremento de litigiosidad, habida cuenta de que en los últimos años no se han creado juzgados.

b) Eliminación de la figura de las adscripciones forzosas.

c) Evitar la precarización judicial, suprimiendo las figuras de “sustitución y refuerzo” en el periodo de prácticas formativas, respetando escrupulosamente el derecho-deber a una formación inicial y una adecuada formación para ejercer en las jurisdicciones especializadas.

8.- Revisión de la oficina judicial sobre las experiencias piloto. Invertir en su implantación, atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones. La oficina judicial tiene como finalidad apoyar y facilitar el trabajo de los órganos jurisdiccionales, por lo que en supuestos de controversia deberá establecerse la intervención de los órganos de gobierno del Poder Judicial para adoptar la oportuna decisión

9.- Compatibilizar de los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional, según la comunidad autónoma de que se trate.

10.- Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, ampliando las plantillas, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).

Condiciones profesionales

11.- Convocatoria inmediata de la mesa prevista en la Ley de Retribuciones y reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos siete años.

12.- Reclamar la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permiso de paternidad.

13.- Implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo, con la participación de las asociaciones judiciales en la fijación de las mismas, y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales.

14.- Garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) para resolver la problemática específica planteada en todo momento por los jueces y juezas.

Por parte de la Fiscalía, se exige además que se derogue el sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto, el refuerzo de la independencia de la Fiscalía y su autonomía presupuestaria, así como que sea la propia Fiscalía General del Estado quien forme a sus integrantes.