La Guardia Civil ha informado al juzgado que investiga el conocido como caso Imelsa de que la empresa pública CIEGSA, utilizada por el anterior Gobierno valenciano del PP para la construcción de colegios, sirvió para la financiación ilegal del partido autonómico y provincial bajo las presidencias de Francisco Camps y Alfonso Rus.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha remitido al Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia el Informe sobre las irregularidades detectadas en el funcionamiento de la empresa pública CIEGSA y su relación con el desvío de fondos públicos, han informado fuentes conocedoras del caso.
Este análisis se incorpora a una de las piezas separadas del citado caso Imelsa, la G, dedicada en exclusiva a las comisiones ilegales que pudieron cobrar altos cargos del PP con responsabilidad en CIEGSA tras manipular varias adjudicaciones de obras con un doble propósito: el lucro personal y la financiación ilegal del partido.
En este sentido, la UCO subraya que «los máximos responsables de CIEGSA han sido cargos de confianza del president de la Generalitat», y cita concretamente a Máximo Caturla –investigado en esta y otras piezas–, nombrado secretario autonómico de Educación el 30 junio de 2003 (Gobierno Camps) y posteriormente consejero delegado de Ciegsa, en diciembre de 2004.
«En diciembre de 2003, Caturla habría promovido una serie de cambios en los procedimientos de contratación y en el organigrama de la empresa que le habrían dotado de una mayor capacidad de decisión y control con respecto a las decisiones y funcionamiento de CIEGSA», según la UCO.
Uno de esos cambios fue la creación de un puesto de trabajo y la atribución de competencias en valoración de ofertas, confección de pliegos y licitación, para el que contrató a Joan Vergara, una persona «sin experiencia laboral y con la que mantenía una relación previa por haber coincidido en su anterior cargo en la Consellería de Sanidad».
En su informe, la Guardia Civil detalla cómo Vergara modificó una adjudicación de 43 millones de euros tres días después de su incorporación a la empresa, y mediando un fin de semana, de modo que finalmente, todas las empresas licitadoras fueron valencianas.
«Este extremo resulta de interés atendiendo a lo expuesto por Máximo Caturla en la reunión interna de CIEGSA que tuvo lugar en enero de 2004 y cuya finalidad era comunicar el resultado de esta licitación», según la UCO.
Los investigadores citan las anotaciones de un exempleado de CIEGSA asistente a esa reunión, que escribió: «Caturla expuso que desde entonces se iba a primar a las empresas valencianas frente a las ‘extranjeras’, que a partir de ese momento él sería la persona encargada de comunicar a las empresas adjudicatarias este extremo» o que «en esta empresa manda el conseller, y el conseller hace lo que le sale de los cojones, y que cuando el conseller no está, mando yo».
Para ahondar en esa «estrategia de recaudación y financiación basada en el cobro de comisiones ilegales y cuya finalidad sería la de financiar al Partido Popular de Valencia, tanto a nivel provincial como autonómico», la Guardia Civil cita también los audios aportados a la investigación por el exgerente de Imelsa y autodenominado «yonki del dinero», Marcos Benavent.
Se trata de una conversación entre Benavent y Caturla en la que se afirma que el segundo estaría «recaudando» y que el destino sería el Partido –en referencia al Partido Popular–; a lo que Caturla responde «ya, ya lo sé. Yo hago lo que puedo y tú lo sabes, porque yo tengo pocas licitaciones, una curva de caída».
En otro de los audios, sobre adjudicación de la construcción del IES Nº4 en la localidad de Torrevieja a la mercantil CLEOP, Caturla afirma que «ya estaría efectuando los cálculos necesarios para aprobar un proyecto modificado con el cual compensar la baja realizada por la empresa adjudicataria».
«Tras calcular el importe del proyecto modificado, procede a calcular el importe de la comisión a solicitar al empresario, deduciéndose que el importe del proyecto modificado le servirá para negociar la comisión a cobrar», según la UCO.
«En la citada conversación, se pone de manifiesto en diferentes momentos que uno de los beneficiarios de esa comisión sería, además de los interlocutores, el propio Alfonso Rus».
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