Los exiliados no son víctimas para el PP, ni los torturados

El PP ha registrado enmiendas a la Ley de Memoria Democrática con la intención de limitar la ley a la localización y exhumación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, una categoría que sólo incluye a «las personas que murieron o desaparecieron» en la guerra civil o el régimen que la siguió, pero de la que excluye, por ejemplo, a los torturados o exiliados. También propone eliminar la posibilidad de trasladar los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, al Valle de los Caídos. El objetivo de las enmiendas parciales del Partido Popular, recogidas por Europa Press, es eliminar la mayor parte de los artículos del proyecto de ley del Gobierno, especialmente todos los que se basan en el concepto de «memoria democrática» y aluden al despliegue de políticas públicas relacionadas con ella. De hecho, el principal partido de la oposición es partidario incluso de cambiar el nombre de la ley y propone que se llame ley «para la localización, exhumación y entrega a las familias de los restos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura».


También sugiere que se modifique su exposición de motivos, para ensalzar la Transición, y el artículo que define el estatus de las víctimas, para que sólo se consideren como tales «las personas que murieron o desaparecieron» como consecuencia del conflicto o del régimen establecido tras él. El PP también pide que se suprima el artículo que crea un banco de ADN de las víctimas, los que se refieren a la retirada de símbolos franquistas o callejeros, los relativos a la creación de una Fiscalía de la Memoria Democrática y los que pretenden la creación de los llamados «lugares de la memoria». Respecto al Valle de los Caídos, que según el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidos Podemos pasaría a llamarse Valle de Cuelgamuros, el PP se niega a considerarlo un «lugar de memoria», aunque acepta que se den a conocer las circunstancias de su construcción y su significado «con el objetivo de fortalecer los valores constitucionales y democráticos». Así, apoya que se prohíba la celebración de «actos de carácter político» en el recinto, pero sin especificar que entre ellos se incluya el enaltecimiento de la guerra civil, de la dictadura o de sus protagonistas, tal y como recoge el borrador del Gobierno.

El texto redactado por el Congreso establece que las criptas adyacentes a la basílica y los enterramientos en ellas son de carácter civil, pero el PP prefiere eliminar este calificativo y se limita a decir que deben regularse por la ley de cementerios municipales. Además, aunque está de acuerdo con la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, subraya que esto no debe alterar «el carácter religioso del lugar y su condición de basílica» y defiende que los monjes benedictinos que residen en el monasterio puedan seguir siendo enterrados allí.
Primo de Rivera
Igualmente, el PP pretende eliminar el precepto que abre la puerta al traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera, que sigue enterrado en el altar mayor, donde también reposan los restos de Francisco Franco hasta octubre de 2019. Mientras el proyecto del Gobierno se refiere a un real decreto para establecer el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos y determinar su organización, funcionamiento y régimen patrimonial, el PP subraya que éste debe ser acorde con la ley de libertad religiosa, pero también con el acuerdo con la Santa Sede. En cuanto al censo estatal de víctimas previsto en la nueva ley, el PP lo modifica para destacar que debe incluir a las víctimas «de ambas zonas del conflicto». El PP y Vox fueron los dos grupos parlamentarios que presentaron una enmienda para devolver al Gobierno el proyecto de ley de memoria democrática, mientras que ERC defendió un texto alternativo. Sin embargo, Vox, a diferencia del PP, se abstuvo de presentar enmiendas al articulado.