Asociaciones de periodistas rechazan la ley del PP que impide grabar las detenciones

Numerosos colectivos de profesionales de la información han remitido un escrito a los diversos grupos parlamentarios para que se opongan a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incluirá un nuevo artículo según el cual estará prohibido tomar imágenes de los detenidos en el momento de su detención por las fuerzas de seguridad del Estado.

El artículo en cuestión es el 520.1, que fue aprobado en el Congreso el pasado 2 de junio y continúa su tramitación en el Senado, introducido por el Partido Popular bajo la excusa de evitar “la pena de telediario” después de que las imágenes de la detención de Rodrigo Rato ocuparan las portadas de todos los medios de prensa, amparándose para ello en el “derecho al honor, intimidad e imagen de los detenidos”.

Para los colectivos de periodistas y editores, esta regulación “pone en peligro el derecho constitucional a la información”, “provoca una total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial” y supone “un ataque al trabajo de los profesionales y de los medios de comunicación”, que serán alejados por la Policía de edificios de juzgados y comisarías y sancionados en caso de publicar las imágenes.

Entre los colectivos firmantes se encuentran la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), la Agrupación de Periodistas de UGT, la Agrupación de Periodistas de CCOO, el Sindicat de la Imatge UPIFC y numerosos colegios profesionales de periodistas.

Texto íntegro remitido a los grupos políticos

Rechazo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que seguirá su tramitación en el Senado, en el que se ha añadido al artículo 520.1. referido a las detenciones que “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”.

Esta iniciativa ha originado una gran inquietud entre los periodistas, fotorreporteros y los medios de comunicación en general, en cuanto al fondo de la cuestión. En primer lugar, porque se pone en peligro el derecho constitucional a la información, no solo aplicable a los profesionales y medios de comunicación que la elaboran y transmiten, sino también a los ciudadanos.

Las organizaciones que suscribimos esta declaración consideramos que los Grupos Parlamentarios de la Cámara Alta deben tener en consideración este aspecto ante una previsible inconstitucionalidad de la futura ley. No sería la primera vez que el Tribunal Constitucional, cuando se produce una colisión entre derechos fundamentales, viene argumentando en sus sentencias que, en asuntos de interés público y con veracidad informativa, ha de prevalecer el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen.

Además, de la misma forma que no se precisan algunos aspectos, considerados faltas graves, en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, recurrida ante el Tribunal Constitucional por la mayoría de las fuerzas políticas, como es el caso del uso de imágenes de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la inclusión del referido párrafo produce un gran desconcierto y provoca una total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial.

Inquieta que la redacción del nuevo artículo, de acuerdo con esta proposición, conlleve de hecho la aplicación de nuevas trabas al ejercicio profesional del derecho a la información, protegido por el artículo 20 de la Constitución Española. Así como el alejamiento de periodistas y fotorreporteros de edificios de juzgados y comisarías o de sanciones a los medios de comunicación que publicaran esas imágenes.

Los profesionales de la información observamos medidas de autorregulación, a través de nuestras normas y códigos, con el fin de que no se produzcan lesiones de derechos fundamentales. La legislación vigente ya contempla medidas y penas si se dieran casos de haber lesionado derechos al honor, la intimidad o la imagen de las personas.

Ante una grave lesión al derecho a la información y un ataque al trabajo de los profesionales y de los medios de comunicación, los abajo firmantes solicitamos que los grupos políticos rechacen en el Senado la propuesta que procede de la Cámara Baja, eliminando el párrafo 520.1 añadido en el Congreso de los Diputados, que tal y como se contempla va a conllevar a que los ciudadanos reciban una información sesgada e incompleta.