El PP aprueba en solitario el ‘Canon AEDE’ imponiendo su mayoría absoluta en pleno verano

El Gobierno logra sacar adelante haciendo uso de su mayoría absoluta en el Congreso otro de sus polémicos proyectos de ley, el de la Propiedad Intelectual, en un ambiente de rechazo por parte de la totalidad del resto de grupos parlamentarios, que han elevado sus quejas e incluso “enfado” por el caso omiso que, según ellos, el Partido Popular ha hecho de sus enmiendas presentadas.

La complicada y caótica votación en la Comisión de Cultura, realizada por bloques de enmiendas interrumpida por innumerables momentos de confusión, deja vía libre hacia el Senado a normas tan controvertidas como la llamada “tasa Google” o el nuevo canon digital.

Todos los grupos han criticado la celeridad con la que la ley ha sido tramitada, con prisas y en mitad del verano, y la falta de búsqueda de consenso por parte del PP. “Muchos grupos han presentado las mismas enmiendas y el Gobierno no ha tenido en cuenta ninguna, nos da a entender que no quiere modificar el proyecto de ley que ha presentado”, ha expresado el representante del PNV, Joseba Agirretxea.

En términos generales, el rechazo a la ley de Propiedad Intelectual se ha apoyado principalmente en que esta se aparta de los intereses de la sociedad y favorece al mundo empresarial de los oligopolios de los grandes grupos editoriales.

“El Gobierno lo único que pretende es dar un giro a la Ley de Propiedad Intelectual, alejarla de los intereses generales y de los sectores artísticos, científicos, educativos y periodísticos, mientras se pliega y somete a los intereses económicos de las grandes empresas y la convierten en un bien más de consumo, suponiendo un recorte al fomento de la creación artística y al procomún”, ha expresado desde la Izquierda Plural la diputada Ascensión de las Heras.

“Una ley que protege lo que no deja de ser un modelo de negocio que ha quedado atrás, que los nuevos medios ha dejado en la noche de los tiempos”, en palabras del diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán.

Irrenunciabilidad del derecho de propiedad

El carácter “conservador” de la ley también ha sido remarcado desde el Grupo Mixto por Rafael Larreina , que ha hecho hincapié en que se trata de una ley “que da la espalda a la nueva economía y al nuevo espacio que surge con Internet”.

En este sentido, Larreina ha expresado que no se tiene en cuenta la exigencia de un movimiento cada más importante que reclama la socialización del conocimiento: “no se acaba de reconocer todo el movimiento del Creative Commons; esta ley está más centrada en el Copy Right que en el Copy Left”.

Se trata de uno de los puntos más atacados del texto del Partido Popular, que obliga a editores y autores a cobrar por el uso de su obra, aunque estos deseen renunciar a la compensación económica a través de las licencias denominadas “libres”.

La práctica de la licencia Creative Commons se está expandiendo ampliamente en el mundo digital y muchos son los creadores y medios de información que actualmente facilitan la difusión de su obra en aras de la socialización y la democratización del conocimiento, para que este llegue al mayor número de personas y alimente la inteligencia colectiva.

La ley que aprobará en Gobierno no contempla esta realidad y deja sin tratar el ámbito de las licencias Creative Commons.

Un canon digital más injusto

“¿Cuál es la razón por la cual la compensación por copia privada, que no tiene un uso ni profesional ni comercial, debe ir a cargo de los Presupuestos Generales del Estado?, ¿cómo se puede justificar que sea el conjunto de la ciudadanía quien deba soportar dicho coste?”.

Es la pregunta que el diputado de ERC, Joan Tardá, ha lanzado al Gobierno, comparando con el anterior canon que se repercutía solo sobre los usuarios a través de la compra de materiales electrónicos o soportes como los CD.

Ahora se pretende que sea el conjunto de la ciudadanía quien pague a empresas y autores la compensación por el uso de su obra fuera de los cauces establecidos, con el continuado agravante de que solo recibirán ese dinero quienes estén registrados en las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, principalmente la SGAE.

“Vamos de mal en peor”, se ha lamentado el diputado, quien ha echado por cara al PP el estar haciendo lo contrario de lo que defendían mientras gobernaba el PSOE y faltando a su compromiso anterior de eliminar el canon digital por copia privada: “ahora les han instado algunos lobbies para que hubiera una reforma parcial y así lo han hecho”.

“Nos da la sensación de que en esta ley ha pintado más el ministro de Hacienda que el de Cultura”, ya que queda al criterio del ministerio de turno la cantidad a pagar por el Estado, ha añadido el diputado del PNV Joseba Agirretxea.

El Gobierno impone la denostada Tasa Google

La llamada ‘tasa Google’ es sin duda la más controvertida de las nuevas medidas introducidas por el Ejecutivo y rechazada por la oposición, también conocida como “Canon Aede”, porque beneficia solo a los grandes grupos editoriales de prensa incluidos en la Asociación de Editores de Diarios Españoles.

Al aprobarse esta ley, los medios online agregadores de noticias, como Google News o Menéame, que tan solo listan los artículos de prensa con una entradilla introductoria, tendrán que pagar por ello a periódicos como El Mundo o El País, por el uso de una mínima parte de sus textos sin ánimo de lucro, cuando en realidad son los periódicos los que se benefician de aparecer en esos listados, lo cual les reporta muchas visitas de internautas y, por tanto, ingresos en publicidad.

“Entendemos que detrás de todo ello hay quien que lo que pretende es salvar su empresa editora, algunos grandes periódicos, que lo que imponen es una limitación brutal que tendrá consecuencias económicas extraordinarias, porque lo que se pretende es limitar la socialización de la información a través de internet”, en palabras de Tardá.

Todos los grupos han votado en el Congreso en contra de la ‘tasa Google’ a excepción del PP, que ha logrado aprobarla con 22 votos a favor y 20 en contra, y seguirá adelante con ella y su tramitación en el Senado a pesar del rechazo no solo de las formaciones políticas sino de numerosos colectivos y el grueso de los usuarios de Internet.

Un rechazo que viene mostrándose ya desde hace unos meses en la red, cuando a raíz del anuncio de la intención del Gobierno de introducir la ‘Tasa Google’, desde las redes sociales se inició una campaña de boicot contra el lobby de medios que saldrá beneficiado con la ley. Con “No les enlaces, no al #CanonAEDE”, los internautas llaman a “no compartir ni leer los periódicos pertenecientes a la Asociación Española de Editores (AEDE), el nuevo NODO, hasta que se retire esta ley, y si no se retira: nunca más”.

Ignorada la petición de la Asociación de Internautas

La solicitud de nueve páginas que la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet han remitido al Congreso y al Senado para que la tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual sea aplazada ha sido totalmente ninguneada en la Cámara Baja.

La plataforma Todoscontraelcanon.org, compuesta por 34 organizaciones y con el apoyo de más de un millón de firmas de ciudadanos, se posiciona frontalmente contraria a la imposición de los dos cánones digitales, el de la Tasa Google y el canon por copia privada, que, consideran, “solo va a perjudicar” a los usuarios y legisla solo a favor de entidades privadas o de gestión de derechos que representan “tan solo a sus asociados”, lo que supone un “anacronismo”.

“Esta reforma limita el derecho a la información, pone barreras a la innovación, genera inseguridad jurídica y solo beneficia a las Entidades de Gestión que lo recaudan y en favor de los medios de comunicación tradicionales que quieren seguir perpetuando modelos de negocio obsoletos poniendo trabas a la innovación, al emprendimiento y a la libertad de los ciudadanos”, expresan.

Las asociaciones han mostrado su descontento con el hecho de que durante la tramitación de la ley no se haya tenido en cuenta su opinión y ni siquiera se les haya invitado a expresarla en la Comisión de Cultura.

“La reforma propuesta se quiere aprobar sin someterla a debate, sin dar la oportunidad de que los diferentes agentes involucrados expresen su posición y sin esperar la posición de la Unión Europea que tiene abierta una consulta pública y la redacción de una nueva directiva en esta materia”.