El PP reforma la ley para controlar el Poder Judicial

Esta semana el Partido Popular ha vuelto a sacar adelante en solitario, haciendo uso de su mayoría absoluta, un proyecto de ley en contra de todos los grupos políticos de la oposición. Esta vez se trata de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, el órgano constitucional cuya finalidad teórica es la de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones con respecto a los demás poderes del Estado, es decir, la de preservar su neutralidad no contaminada por el poder político.

La disconformidad con este proyecto de ley del ministro Alberto Ruiz Gallardón se manifiesta en las 273 enmiendas presentadas por los grupos, de las que sólo diez (menos del 3%) han sido tomadas en consideración por el PP, y son todas ellas referentes a cuestiones menores. La falta de diálogo en la Comisión de Justicia por parte del equipo del Gobierno ha sido señalada por todos los diputados de la oposición, que han denunciado la ausencia de voluntad de consenso del PP, como viene siendo habitual en las comisiones de Gobierno.

“Tiene el sabor y el olor de la mentira: el ministro ha mentido a esta cámara en diversas ocasiones en las enmiendas de totalidad de su ley”, ha acusado Llamazares (IU), quien ha calificado de “impostura” y “farsa” la presentación del proyecto en la Comisión “con la única finalidad de aprobarlo en solitario”.

El proyecto ha sido tildado por la oposición de “contrarreforma”, “involución”, “atentado a la Constitución”, “ilegal” y “partidista”, con claras alusiones a la supuesta pretensión del Gobierno de controlar la designación de los vocales que han de formar parte del Consejo del Poder Judicial -cuyo presidente también lo es del Tribunal Supremo- y que se encargarían de nombrar a los jueces que han de juzgar los supuestos delitos de corrupción del PP.

Según el proyecto de Gallardón, cuya ley se aplicaría ya en septiembre para la renovación de los vocales del Consejo, el Senado elegirá a los vocales con 3/5 de los votos, que es coincidente con la mayoría del partido Popular en la cámara. Por tanto, para los diputados de la oposición, con esta reforma se produce un ataque a la independencia del poder judicial sin precedentes y no se garantiza la división de poderes.

Desde UPyD e Izquierda Plural, las críticas en este sentido han ido hacia señalar el empeoramiento de la situación, pasando de “un reparto bipartidista imperfecto” o “reparto de cromos entre los partidos grandes” (en relación a los jueces designados) a “un monopolio político en el Senado y en el Congreso”.

Para el portavoz del PSOE, Camacho Vizcaíno, se trata de una “renovación ad hoc para ocupar políticamente el poder judicial” por parte del PP, “quizá por el temor a las cosas que tienen pendientes y a lo que pueda venir en el medio plazo”, lo que ha calificado como “indecencia” y ha advertido al ministro de que “están aprobando algo que va a tener de vigencia el tiempo que (los populares) duren en el Gobierno”.

Para PNV, CIU y ERC se ha desperdiciado una ocasión importante para reformar verdaderamente el órgano de gobierno del Poder Judicial para mejorarlo y de debatir sobre las competencias de los Consejos Autonómicos, cuyas enmiendas al respecto han sido “ninguneadas”.

Otro de los puntos criticados por todos los partidos políticos se encuentra en la compaginación de la labor de los miembros del Consejo del Poder Judicial como vocales con sus propias carreras profesionales, de manera que sólo seis de los veinte vocales (los que conformen la Comisión Permanente) tendrán dedicación exclusiva. Esto implica que el tiempo que los vocales podrán dedicar a las funciones del Consejo será muy limitado o que su trabajo jurídico se verá afectado por retrasos. Para Olabarría (PNV), que ya formó parte del Consejo con anterioridad, esta decisión sólo se entiende si se considera que para el Gobierno “es más fácil controlar a seis vocales que a veinte”, ya que los otros catorce apenas estarían de figurantes.

Olabarría también ha señalado que con esta ley se produce un “desapoderamiento de las potestades reglamentarias del Consejo del Poder Judicial” y que, “debilitando el Poder Judicial”, estas potestades pasan a manos del Gobierno. Se trataría en ese caso de algo muy conveniente para el PP, ya que, según el diputado, actualmente “nos hemos encontrado con jueces más jóvenes que han empezado a refutar explícitamente políticas gubernamentales en el ámbito de los desahucios, de los ERES o de la corrupción”.

Criticada duramente ha sido también la inclusión de dos artículos referentes a la Ley de Extranjería, que, en principio, nada tienen que ver con el proyecto de ley en cuestión y que han sido “empotrados” en el texto para “hacerlos pasar”. Estos artículos, relacionados con la expulsión de refugiados extranjeros residentes en España sujetos a protección internacional, estarían no sólo fuera de lugar en el texto sino, además, serían contradictorios con la Convención de Ginebra, según la oposición.

A pesar de la disconformidad de la totalidad de los grupos políticos con el proyecto de ley del Partido Popular, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado el dictamen de esta ley, que será avalada el próximo jueves día 9 de mayo en el Pleno del Congreso, de donde se remitirá posteriormente al Senado para su total ratificación.