El PSOE y Unidas Podemos han acordado en su programa de Gobierno de coalición derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP de 2012, garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y subir el Salario Mínimo hasta el 60% del salario medio en España, así como una subida de impuestos a las rentas más altas.
Así figura en el documento de 50 páginas titulado ‘Coalición progresista, un nuevo acuerdo para España’, que presentarán esta tarde los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados, antes de la investidura de Sánchez como presidente de dicho Ejecutivo de coalición.
Ambas formaciones se comprometen a recuperar los derechos laborales «arrebatados» por la reforma laboral de 2012 y derogar con carácter «urgente» aspectos como la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
También prometen derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.
Como ya anunció el propio Gobierno, se elaborará un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, previo diálogo con agentes sociales. En materia de contratación, planean limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.
El documento recoge el objetivo de simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo, reforzando el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo; y revisar la normativa sobre trabajo a tiempo parcial para prevenir su uso fraudulento.
Igualmente, se explorarán las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales, y se revisarán las causas del despido. También se revisarán los contratos formativos y se aprobará y desarrollará el Estatuto del Becario, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en empresas.
Estas medidas se acometerán el paralelo a un impulso de la lucha contra el fraude laboral y a la mejora de la efectividad y la eficiencia de las políticas activas de empleo y la simplificación del sistema de protección por desempleo.
SMI y pensiones
Igualmente, se comprometen a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea, lo que previsiblemente elevaría el SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura.
De esta forma, se convocará la mesa del dialogo social al objeto de promover un acuerdo que será la base para la propuesta del Gobierno y se creará una Comisión asesora del Ministerio de Trabajo y a disposición del diálogo social, compuesta por expertos, sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del SMI. Se tendrá en cuenta el IPC, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica.
Sobre las pensiones, se garantiza su actualización conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas y, para ello, eliminarán el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.
De igual forma, está prevista la reforma del sistema de la Seguridad Social, en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo, para garantizar sus sostenibilidad a medio y largo plazo, con medidas para asegurar el aumento de los ingresos, descargando a la Seguridad Social de gastos «impropios» y revisan las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas.
La reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a la gestión con menores costes es otro de los puntos fijados en el documento, en el que también se incluye el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital como prestación de la Seguridad Social.
La idea es comenzar en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos. También se subirá el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), la referencia para la asignación de ayudas.
Para los autónomos se proyecta una mejor cobertura y la gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena. En detalle, se establecerá un sistema de cotización por ingresos reales, sobre la base de la información fiscal, que les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.
También se evaluará el actual régimen especial del criterio de caja en el IVA para proceder, en su caso, a su revisión para, dentro de los límites de la directiva armonizada, hacerlo «atractivo» para autónomos y pequeñas empresas, y se constituirá el Consejo del Trabajo Autónomo.
Subida de impuestos a rentas altas
Respecto al ámbito fiscal, PSOE y Unidos Podemos mantienen en gran parte las medidas recogidas en el fallido proyecto de Presupuestos de 2019, con algunas pequeñas variaciones. Así, en Sociedades fijarán una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. En cambio, las pymes que facturen menos de un millón de euros pasarán de tributar de un tipo del 25% al 23%.
Se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial.
En IRPF, se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros. Además, «se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo».
También se mantiene la aprobación del impuesto sobre determinados servicios digitales (‘Tasa Google’) y a las transacciones financieras (‘Tasa Tobin’), así como nueva fiscalidad verde sin que recaiga sobre clases medias, autónomos y pymes.
Se promoverá a nivel europeo el establecimiento de un mecanismo de compensación del CO2 en frontera para las importaciones y en el IVA se reducirá el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina.
Otro aspecto es la revisión del régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales y la reforma del régimen jurídico y fiscal de las ‘socimis’, aplicando un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos.
Eliminar copagos, incorporar la salud bucodental el SNS y garantizar la sanidad universal
El PSOE y Podemos se comprometen, en el documento de su preacuerdo para conformar un «Gobierno progresista de coalición», la derogación progresiva de los copagos sanitarios, la incorporación de la salud bucodental en la sanidad pública y garantizar la sanidad universal. Recogen así las medidas que el Partido Socialista presentó en sus programas electorales para las elecciones generales celebradas tanto en abril como noviembre.
El documento que presentarán esta tarde recoge también el ‘blindaje’ de la sanidad pública, con medidas como el incremento de los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud, «alcanzando una inversión en servicios públicos propia de otros Estados de la zona euro durante la legislatura, hasta lograr el 7% del PIB en 2023».
Respecto a los copagos sanitarios, el documento precisa que la eliminación de los introducidos en 2012 será progresiva a lo largo de la legislatura, «empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad», con garantías para que no se introduzcan otros nuevos «que no atiendan a la situación socioeconómica de las personas, incluidos los copagos por el transporte sanitario no urgente, por los productos ortoprotésicos y por los dietéticos, a través de la derogación de los artículos que habilitan estos copagos».
Los partidos también anuncian modificaciones normativas, legales y reglamentarias para garantizar la efectividad del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Así, el RD-Ley 7/2018, sobre el acceso universal al SNS, se tramitará como una ley, que derogue definitivamente el RD-Ley 16/2012. El objetivo será que «garantizar homogeneidad en el procedimiento de forma que la asistencia sanitaria será gratuita durante el periodo que existe entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria», para que no exista un periodo de carencia en el que una persona pueda quedarse sin recibir asistencia sanitaria por un problema burocrático.
Asimismo, buscará extender este derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijos con nacionalidad española, y «garantizar la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita en España a los ciudadanos españoles que residen fuera y que no tienen derecho a la asistencia sanitaria reconocido por los países de acogida».
Uno de los objetivos que enuncian ambos partidos en su preacuerdo de Gobierno es la apuesta por una sanidad que se base en la gestión pública directa. Para ello, anuncian una revisión dela Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de los mecanismos normativos «que abren la puerta a privatizaciones del sistema».
Una comisión de reciente creación, integrada por expertos del ámbito sanitario, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, analizará la situación y definirá las líneas y estrategias para revisar dicha Ley en el plazo de 6 meses.
Otras medidas que recoge el acuerdo son el impulso de la digitalización sanitaria y la renovación de la tecnología «para que el Sistema Nacional de Salud sea referente en innovación tecnológica poniendo a disposición de la ciudadanía los mejores instrumentos diagnósticos y de tratamiento» con «tecnologías coste-efectivas, seguras y cuya eficacia haya sido previamente evaluada», mientras n materia farmacéutica avanzan que orientarán las políticas relativas a la industria farmacéutica hacia el cuidado de la salud de la población, priorizando la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios.
En la atención se proponen avanzar en la implementación del Marco Estratégico de Actualización de la
Atención Primaria diseñado durante la última legislatura con el concurso de las comunidades autónomas y las sociedades médicas y científicas y de pacientes, con medidas a corto plazo «para resolver el déficit de planificación en materia de profesionales, especialmente por lo que se refiere al ámbito rural».
En esta línea, anuncian un sistema de atención temprana, la integración de las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal, la actualización de la Estrategia de Salud Mental, con una estrategia específica de prevención de la conducta suicida en colaboración con las comunidades autónomas.
Por lo que se refiere al personal sanitario, se proponen mejorar sus condiciones «agilizando el proceso para
garantizar el cumplimiento del II Acuerdo en materia de sanidad e impulsando un programa de retorno de los profesionales que han tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España.
Finalmente, anuncian un aumento en los recursos para dotar el Fondo de Cohesión Sanitaria y, dentro de la derogación de la reforma laboral, la retirada urgente de la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
