Este jueves han sido finalmente aprobadas en el Congreso el conjunto de leyes conocidas popularmente como “Ley Mordaza”, la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, con los únicos votos favorables del Partido Popular, que ha impuesto su mayoría absoluta en la Cámara sobre el rechazo de todos los grupos de la oposición, que han manifestado su voluntad sin fisuras de derogarlas en cuanto cambie la composición del Congreso.
La “mordaza” se hará efectiva sobre los ciudadanos a partir del 1 de julio, momento en el que entrará en vigor, cercenando numerosos derechos fundamentales, como el de reunión, expresión e información, tal y como han señalado innumerables colectivos sociales y ONGs, así como organismos internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Las intervenciones en el debate de hoy de los parlamentarios de la oposición han sido contundentes y unitarias: la Ley de Seguridad Ciudadana, junto con la reforma del Código Penal, no es otra cosa que la respuesta reaccionaria del Gobierno para criminalizar la protesta pacífica, en un momento en el que la ciudadanía se ha manifestado profusa y asombrosamente de manera pacífica en las calles contra la política de recortes del PP que mina el estado del bienestar.
Todos los grupos políticos, a excepción del PP, han estado de acuerdo en la innecesariedad y peligrosidad de la ley, que deja a los ciudadanos indefensos ante unos cuerpos policiales dotados de más poder y menor supervisión.
“Amplían el poder policial sin establecer mecanismos de control o supervisión, constriñen el ejercicio de libertad de reunión pacífica, expresión e información; criminalizan el derecho legítimo a la manifestación. Han conseguido con esta ley ser el asombro de todas aquellas organizaciones internacionales que se dedican a la defensa de los derechos humanos; todas ellas nos piden que votemos que no”, explicaba Uxue Barkos, diputada vasca en el Grupo Mixto.
Para Rosana Pérez, de BNG, “con la aprobación de la reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal en trámite, se nos encamina a un estado policial cuyo objetivo es el de silenciar y reprimir cualquier atisbo de crítica, protesta o movilización social. De una sola embestida dan ustedes un paso de gigante para situarnos cada vez más lejos de los países más desarrollados democráticamente”, pero, “con ley o sin ella, a los ciudadanos les sigue acompañando la indignación, la razón y el sentido común, y no nos callarán”.
“Si este gobierno se atreve ya a reprimir a porrazos las manifestaciones pacíficas en defensa de los derechos humanos, a qué no se va a atrever ya con la aprobación de estas leyes”, se pregunta el portavoz de Amaiur en el Congreso, Xabier Errekondo, quien ha expresado que “Euskalerria ya lleva muchos años sufriendo las políticas represoras del Estado español, estas leyes solo legalizan la ampliación de esta represión al resto del Estado”. Pero “no hay porrazo alguna que pueda con la dignidad de la gente”, ha concluido.
Por el PNV, Emilio Olabarría ha llegado por comparación a decir que hasta la polémica ley del 92, conocida como “ley Corcuera” o “ley de la patada en la puerta”, es mejor asombrosamente mejor que esta, y que lo único que puede considerar positivo de la Ley de Seguridad Ciudadana del PP es que al menos respeta las competencias de las comunidades autónomas con policía propia, como los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza.
Olabarría también ha señalado cómo otra reforma, la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, viene a poner la puntilla a la represión, privando a los ciudadanos de la tutela judicial efectiva: “se priva de las garantías del proceso penal, más garantista que el administrativo, el 60% de las faltas se convierten en administrativas y para poder recurrirlas hay que agotar la vía administrativa y acudir a una jurisdicción menos garantista que la penal y además sujeta a tasas”, unos costes inasumibles para la mayoría.
Ricardo Sixto, de Izquierda Unida, han hecho hincapié en la “enmieda estrella”, incluida por el PP el último día del plazo para su presentación, y que legaliza “devolución en caliente” con un artículo en la Ley de Seguridad Ciudadana lo que ha sido considerado ilegal hacer dentro del Código Penal y que vulnera los tratados internacionales.
Para el diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, “no es una ley democrática, esto hace imposible apoyarla”, y “se conoce popularmente como ‘ley Mordaza’ porque es lo que es”. “Sus esfuerzos por convertir esta democracia defectuosa en una oligarquía eficiente dan miedo”, ha apostillado.
“Esta ley es lo que parece, una mordaza. La ley parece calcada de la peor caricatura de los últimos años, le doy las gracias al gobierno por su sinceridad”, incidía el socialista José Ignacio Sánchez del Amor, quien ha calificado la ley como una “máquina de masacrar pancarteros”.
Feliu-Joan Guillaumes, por CIU, califica la norma de “propia del siglo XIX”, y ha puesto como ejemplo de la “cerrazón” del Partido Popular que se ha negado a admitir todo tipo de enmiendas, incluso “cosas de sentido común, como que la plastificación del DNI esté en Braille para que pueda ser leído por la población ciega”.
“Una ley perversa, innecesaria e injusta pero, sobre todo, una ley inútil y breve”, en palabras del diputado por Compromís Joan Baldoví, que expresaba así su confianza en que la ley durará en vigor apenas unos meses, porque tras los votos en las urnas, el PP perderá su mayoría absoluta en el Congreso y el resto de grupos podrán proceder a derogarla, algo que ha sido repetido por todos los grupos de la oposición en sus intervenciones.
Por su parte, el Partido Popular, ha respondido a los parlamentarios de la oposición que sus críticas a esta ley “se basan en etiquetas trasnochadas de la izquierda”, y ha cerrado su intervención con una cita de John Locke: “Donde no hay ley, no hay libertad”.
No Somos Delito llama a convertirnos en “hologramas” para poder seguir protestando
La plataforma No Somos Delito ha respondido a la aprobación de la ley con la convocatoria de una nueva protesta mañana viernes 27 en el Congreso para mostrar su rechazo, en la que “organizaciones sociales y ciudadanía podamos seguir denunciando la gravedad de la aplicación de estas leyes y pedir su retirada inmediata”.
El acto tendrá lugar a las diez de la mañana en la Sala Ernest Lluch del Parlamento, y para poder participar es necesario rellenar un formulario y aportar el DNI para entrar en el Congreso.
Además, para el mes de abril, la misma plataforma ha convocado una “manifestación de hologramas en Madrid”: “Si eres una persona no podrás manifestarte en la calle con total libertad. Solo podrás hacerlo si te conviertes en holograma”. Con este mensaje, los activistas llaman a cualquier persona del mundo a “participar” en la acción escaneándose a sí mismo a través de una cámara web, de manera que su imagen y su protesta se conviertan en un holograma que les permita estar presentes en la protesta.
El diputado de IU Ricardo Sixto ha difundido esta convocatoria de No Somos Delito desde el atril del Congreso, mostrando un «holograma» del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Además, el hashtag #26MStopMordazas ha sido trending topic hoy en la red social Twitter, donde los internautas han criticado fuertemente la aprobación de la ley.
La Policía reprime la protesta de Greenpeace
Hoy también un grupo de ocho activistas de Greenpeace ha protestado contra la aprobación del Código Penal y de la ley de Seguridad Ciudadana frente al Congreso de los Diputados, donde se han concentrado amordazados, vestidos con las camisetas amarillas de su organización y con pancartas rechazando la ley mordaza.
Las fuerzas de seguridad no les han permitido acercarse hasta las escaleras de La Puerta de Los Leones del Congreso, donde se desarrolla hoy el debate de las reformas del Código Penal y de la ley Seguridad Ciudadana.
Tras ser identificados por la Policía, los activistas se han retirado y han abandonado la protesta, según explica Greenpeace en un comunicado y han confirmado fuentes parlamentarias.