La excaldesa de Valencia Rita Barberá está un paso más cerca de su imputación definitiva por el presunto delito de blanqueo por el que ya fue imputado todo su equipo de Gobierno e incluso el Partido Popular como persona jurídica, excluyéndola a ella hasta la fecha por su condición de aforada desde que es senadora, que hace que solo pueda ser juzgada por el Tribunal Supremo.
Ahora, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha instado al alto tribunal a abrir causa contra la exalcaldesa y solicita que se designe un magistrado instructor, después de avalar la petición del juez Víctor Gómez del Juzgado Nº 18 de Valencia, que el pasado mes de abril envió al TS la parte de la investigación que afecta a Barberá, en la que hay 47 personas imputadas entre ediles, asesores y altos cargos del PP valenciano.
Se trata de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa, en la que se investiga al grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia por las donaciones de 1.000 euros al partido efectuadas por concejales y asesores del PP a título personal que les eran devueltas “en negro” con sobres conteniendo billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilegal.
El magistrado consideraba en su exposición que habiendo reconocido la exalcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería «incoherente» no elevar exposición al TS, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la senadora, que tiene la condición de aforada. (Postdigital/Agencias)
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