Sanchez acaba de recibir una bofetada. La ONU rechaza la decisión de España sobre el Sáhara Occidental.

Después del rechazo de sus socios en el Gobierno y la oposición española por el giro sobre el conflicto del Sáhara Occidental, la ONU ha reaccionado también al anuncio de Sánchez, y ha dejado claro que el conflicto en la antigua colonia española se debe resolverse en el marco de la legalidad internacional. «El conflicto debe resolverse en un proceso político bajo sus pautas», subrayó, según recoge.

La ONU ha aclarado que el contencioso debe resolverse con un «compromiso pleno (de las partes) con el proceso político liderado por la ONU», en la primera reacción oficial al anuncio del Gobierno de Sánchez de apostar por el plan de autonomía marroquí como posible solución a la ocupación del Sáhara Occidental.

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Stéphane Dujarric, el principal portavoz de la ONU, instó además a todas las partes interesadas a apoyar los esfuerzos del Enviado Personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, «destinados a reanudar las negociaciones directas entre las partes en conflicto, Marruecos y el Frente Polisario».

El portavoz de la ONU «reitera la importancia de mantener el pleno compromiso (de las partes) con el proceso político liderado por la ONU, en línea con la resolución 2602 (2021)».

Mientras anunció que junto a EE.UU “coordinarán esfuerzos para solucionar el conflicto saharaui” y apoyar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prevén el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, apoyando también sus esfuerzos en descolonizar el Sáhara Occidental, España con su declaración unilateral interpone obstáculos objetivos para siquiera unos cimientos de un proceso de paz.

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Mientras pide el respeto al derecho internacional en Ucrania y condena enérgicamente a Rusia, Madrid pisotea a los que algún día fueron nacionales con escaños en el Congreso y arrolla con los principios del derecho internacional al apoyar la solución que propone la fuerza ocupante para el territorio que ocupa. Es decir, España apoya, encubre y asiste a un autor de un crimen internacional como es el Reino de Marruecos, al impedir la libre expresión de un pueblo sometido a dominación colonial e inscrito en la Agenda de Descolonización de la ONU desde 1963.

Una decisión enmarcada en su mala interpretación de la política de vecindad con Marruecos, que sin embargo no aplica con su vecino argelino. Guiado por el chantaje migratorio alauí y la guerra híbrida de Rabat por Ceuta y Melilla, Moncloa sucumbió y reflejó visiblemente su pobre capacidad diplomática en la escena internacional, ya reflejada en su gestión actual de la crisis de Ucrania. Una decisión que lejos de solucionar problemas, los multiplica; tensa el Norte de África, se enemista con Argelia y enardece aún más a los saharauis en guerra. Una guerra en continúa fase incremental que por sus implicaciones genera imperativos de seguridad a los países que comparten la cuenca del Mediterráneo y el Atlántico.

El estado español confunde intereses con deberes como potencia administradora de un territorio, y pretende eludir su responsabilidad olvidando las carta que enviaron a la ONU en 1975 exigiendo disuadir a Marruecos para que detenga su invasión del Sáhara Occidental y matizando que el Sáhara Occidental no quedará completamente descolonizado hasta que no se pronuncien sus habitantes.

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