Un nuevo informe elaborado por la Red de Medios Comunitarios (ReMC) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) alerta de que cada vez son más las dificultades que los profesionales de los medios de comunicación están encontrando en nuestro país para desempeñar su trabajo durante las protestas ciudadanas, “debido a la actuación de algunos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de policías autonómicas”.
Los profesionales más afectados, según indican las organizaciones, suelen ser los los periodistas “freelances” y los fotoperiodistas pertenecientes a medios independientes, y colaboradores de publicaciones y emisoras comunitarias sin ánimo de lucro, de los que se han registrado numerosas agresiones y detenciones, que “han sido reiteradas e incluso han ido en aumento”.
Las agresiones “se producen principalmente en momentos en los que los periodistas registran la actuación de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de policías autonómicas, realizando detenciones o cargas contra los manifestantes”, con el objetivo de “evitar que registren lo que está sucediendo y no pueda difundirse posteriormente”.
Es más, según el documento, los agentes son conscientes de que se dirigen contra periodistas, ya que previamente se han identificado como prensa y llevan visibles sus distintivos y equipos de captación de imagen, y según un comunicado previo de ReMC y FeSP, también se ha producido “la reiterada detención de periodistas y otros comunicadores, incluso acudiendo a sus domicilios para trasladarlos a comisaría”.
Caso omiso del Gobierno a los informes y avisos previos
El informe hace mención a los estudios previos que otras organizaciones han llevado a cabo sobre los ataques a los periodistas en España y que el Gobierno no ha tenido en cuenta.
Tal es el caso del documento elaborado en 2013 por la Coordinadora de Prevención de la Tortura, en el que se recogían 17 casos de agresiones a profesionales de la comunicación, “que van desde incautación de fotografías hasta detenciones bajo falsas acusaciones”.
También la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha hecho varios llamamientos a las autoridades españolas para que “protejan adecuadamente y mejoren la seguridad de los periodistas que informan sobre manifestaciones, así como que se investiguen a fondo dichos ataques”, ya que “han de ser tratados como ataques directos a la libertad de expresión”. Sin embargo, estos avisos han sido ignorados y “se han seguido produciendo agresiones e incluso detenciones de periodistas”.
Además, España ha ignorado la Resolución 21/12 sobre Seguridad de los Periodistas adoptada por el Consejo de Derechos Humanos, en la que “expresa su preocupación por el hecho de que los atentados contra periodistas queden frecuentemente impunes” y exhorta a los Estados a investigar y castigar judicialmente a los autores y resarcir a las víctimas.
Obstáculos del Gobierno a la creación de medios de comunicación comunitarios
La segunda denuncia realizada por ReCM y FeSP en este informe se refiere al incumplimiento tanto del Gobierno central como de los gobiernos autonómicos de la normativa de 2010 que obliga al reconocimiento de las “emisoras comunitarias”, radios y televisiones sin fines de lucro promovidas por organizaciones de la sociedad civil.
La normativa en cuestión es la Ley General 7/2010 de Comunicación Audiovisual, que establece que “todas las personas tienen derecho a que la comunicación audivisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad”,
Las organizaciones sociales tienen derecho a recibir licencias de radio y televisión pero no solo se les está impidiendo acceder a dichas licencias –ya que la elaboración de los reglamentos exigidos por la norma ha sido paralizada por el Gobierno– sino que además están recibiendo sanciones por emitir sin licencia, a pesar del Recordatorio de deberes legales que el Defensor del Pueblo elevó al Gobierno en 2012 tras la denuncia de numerosos colectivos sociales.
El informe recoge casos de “numerosas emisoras comunitarias que han sufrido presiones por parte de distintas administraciones (estatal, autonómica y local) para que cesen sus emisiones por carecer de licencia, licencia que no pueden obtener por incumplimiento de la ley por parte del Gobierno”. Las emisoras se enfrentan en algunos casos a multas de cientos de miles de euros.
