Todo parece apuntar a que el juez Pablo Ruz, encargado del «caso Bárcenas», hará una pieza separada para investigar la procedencia de un ingreso de 200.000 euros en las cuentas del PP de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, según señalan la mayoría de los abogados de la acusación popular.
Dicha Sala está presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, uno de los familiares que forma el «trío de sobrinos» del cardenal Antonio María Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal en España. Dicho sobrino está próximo a la asociación conservadora de la magistratura y tiene a sus espaldas una amplia experiencia, además ha sido juez de vigilancia penitenciara de varias provincias. Se trata de su segundo mandato a la cabeza del Alto Tribunal castellano-manchego y mantiene relaciones «cordiales», con la presidenta de Castilla-La Mancha, según compañeros cercanos.
La cantidad señalada se cobró a la empresa Sacyr por la concesión de la recogida de basuras de Toledo cifrada en 70 millones de euros. El supuesto cobro ocurrió cuando el Partido Popular gobernaba en el ayuntamiento y la prueba que lo atestigua es un «recibí» presentado por el ex-tesorero del PP Luis Bárcenas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) será el encargado de enjuiciar el caso, dados los actores del suceso. En esta trama parece estar involucrado, además de la presidenta del Gobierno de Toledo y secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el presidente del Parlamento castellano-manchego Vicente Tirado.
Este político ha sido señalado por el ex-tesorero de Génova como supuesto urdidor del desfalque, algo que él se empeña en negar. Si esta parte de las cuentas llegase al Alto Tribunal manchego sería la Sala de lo Civil y Penal la que tendría la potestad de enjuiciar la trama, ya que es la que se encarga de atender las causas contra ciudadanos aforados y las causas abiertas contra miembros del Ministerio Fiscal por delitos cometidos durante su ejercicio.
Si la Sala presidida por Rouco, e integrada por otros dos magistrados, decide admitir la causa enviada desde la Audiencia Nacional no le quedará otro remedio que volver a llamar a declarar a Cospedal, en esta ocasión, incluso, como imputada, además del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado.