El Gobierno de España, a través del Consejo de Ministros, ha formalizado el indulto parcial para las sindicalistas de la CNT de Gijón, conocidas popularmente como Las Seis de la Suiza. Esta medida de gracia pone fin a la estancia en el centro penitenciario de Asturias de seis personas condenadas por su participación en un conflicto laboral en 2017. Sin embargo, lo que para el Ejecutivo es un acto de «justicia y equidad», para el movimiento sindical representa la culminación de un proceso de «criminalización de la protesta» que deja una huella profunda en el derecho de libertad sindical en España.
El fin de un cautiverio bajo «condiciones»
La noticia, que ha generado un amplio eco en los sectores sociales, confirma que el indulto extingue las penas privativas de libertad de tres años y medio que pesaban sobre los activistas. No obstante, la medida no es absoluta. El decreto establece que la remisión de la pena está sujeta a la condición de que los beneficiarios «no vuelvan a cometer delito doloso» en un plazo de cuatro años. De incumplirse este requisito, el indulto podría ser revocado, lo que para los grupos de apoyo supone mantener una «espada de Damocles» sobre la actividad reivindicativa de los afectados.
Desde el ámbito institucional, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha liderado la valoración política del anuncio. Díaz ha sido tajante al afirmar que con esta decisión el Gobierno «repara una injusticia», insistiendo en su premisa de que «hacer sindicalismo no es delito». Para la ministra, el uso del Código Penal para castigar estrategias de presión laboral es un síntoma de un sistema que necesita equilibrar las fuerzas entre capital y trabajo.
Las voces de las protagonistas: «El daño es irreversible»
A las puertas de la prisión, las declaraciones de las sindicalistas han estado marcadas por una mezcla de alivio y denuncia. A pesar de recuperar la libertad, han querido dejar claro que los meses pasados entre rejas desde julio de 2025 han supuesto un «desgaste personal, familiar y económico» que ninguna medida de gracia puede borrar totalmente. En sus intervenciones ante los medios, han reiterado que su único «crimen» fue «ejercer la solidaridad» con una trabajadora que denunció acoso y abusos en la pastelería La Suiza.
La CNT, sindicato al que pertenecen los indultados, ha mantenido un discurso crítico. Para la organización, el proceso judicial que culminó en el Tribunal Supremo ha sido un intento de «aleccionar a la clase trabajadora». Denuncian que calificar como «coacciones graves» y «obstrucción a la justicia» lo que fueron concentraciones informativas y reparto de octavillas sienta un «precedente peligrosísimo». Según el sindicato, la sentencia original sugiere que si una protesta sindical tiene éxito y afecta a la viabilidad de un negocio, puede ser perseguida penalmente, algo que consideran un «ataque al corazón del derecho de huelga».
Un conflicto que trasciende lo local
El artículo de Público subraya que el caso de Gijón se ha convertido en un símbolo nacional. La movilización social bajo el lema «Hacer sindicalismo no es delito» ha logrado aglutinar a diversos sectores que ven con preocupación la deriva punitiva contra los movimientos sociales. Los abogados de la defensa han señalado que, aunque celebran que sus representados vuelvan a casa, la sentencia del Supremo sigue ahí, grabada en la jurisprudencia, lista para ser utilizada en futuros conflictos donde la «presión sindical» sea interpretada de nuevo como una actividad delictiva.
En conclusión, el indulto a Las Seis de la Suiza cierra la puerta de las celdas, pero mantiene abierto un debate jurídico de calado. Mientras el Gobierno celebra la «recuperación de la normalidad», el sindicalismo de base advierte de que la lucha por proteger las herramientas de protesta informativa y la acción colectiva está lejos de terminar. La libertad recuperada hoy es, para muchos, un recordatorio de que en la España actual, la línea que separa la protesta del banquillo sigue siendo, a ojos de ciertos tribunales, «peligrosamente delgada».
