La Audiencia Nacional investiga a la gran constructora OHL por el pago de 40 millones de euros en comisiones ilegales y sobornos a funcionarios y altos cargos desde el año 2003 a cambio de concesiones de contratos de obra pública.
Los sobornos habrían ido a parar principalmente al Ministerio de Fomento y a diferentes administraciones autonómicas de Madrid, Andalucía y Canarias, según publica este jueves El Confidencial.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) llegó a esos movimientos económicos por la documentación requisada durante un registro dentro del marco de la operación Lezo en 2017, y el caso está siendo investigado desde entonces por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.
Hasta ahora solo hay dos directivos imputados: Felicísimo Ramos, exdirector de gestión de OHL, y Paulino Hernández, exdirector general de Obra Civil Nacional de OHL. Según la UCO, el primero habría hecho las funciones de ‘conseguidor’ y el segundo habría sido un subordinado del primero.
Felicísimo Ramos, que lleva jubilado desde 2013, habría sido el conseguidor de la constructora durante más de 20 años, y ya fue interrogado por el caso Lezo, donde admitió que había ordenado en 2007 a la filial de OHL en México el pago de 1,4 millones de euros para sobornar al expresidente madrileño Ignacio González a cambio de la concesión de contrato del Cercanía de Navalcarnero.
Ramos ya declaró anteriormente por el caso Roldán en 1997, cuando admitió que la constructora Huarte había pagado unos 4,2 millones de euros para lograr adjudicaciones de la Dirección General de la Guardia Civil.
Por su parte, Paulino Hernández estuvo en su cargo en la constructora desde 2011 hasta mayo de 2017, un mes después de la entrada de la UCO en las oficinas de OHL para un registro por la operación Lezo.
OHL ya está inmersa en varias causas judiciales por casos de corrupción como Púnica o los papeles de Bárcenas, además de Lezo. Además, este mismo miércoles una de las empresas del grupo multinacional, Eym, fue multada junto a otras catorce por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con una sanción de 118 millones en total por falsear competencia en las licitaciones del AVE y otros trenes durante 14 años.
