Seis organizaciones internacionales han enviado una carta conjunta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para exigirle la retirada del anteproyecto de Ley para la Reforma del Aborto, que derogará la actual legislación vigente en España.
Las organizaciones son Alianza por la Solidaridad, Human Right Watch, el Centro de Derechos Reproductivos; European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development (EuroNGOs); la Federación de Planificación Familiar Estatal y Rights International Spain, que alertan del retroceso que supondría tal ley en España.
“Existen evidencias que sugieren que las leyes restrictivas en materia de aborto tienen un escaso impacto sobre la cantidad de abortos realizados, pero en cambio contribuyen a que las mujeres recurran a abortos inseguros. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente el 13% de las muertes maternas en todo el mundo se atribuyen a abortos practicados en condiciones inseguras”.
Las organizaciones exigen al Gobierno español que adopte “todas las medidas necesarias para asegurar que las mujeres y las jóvenes en España” dispongan “de toda la información necesaria” y tengan “acceso sin obstáculos a servicios de aborto legales y seguros en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y otros derechos humanos».
Motivos de rechazo del Anteproyecto de Gallardón
“El Anteproyecto de Ley incluye procedimientos para determinar el derecho y acceso al aborto legal que imponen una carga innecesaria sobre las mujeres”.
La actual ley regula la interrupción voluntaria del embarazo permitiendo a todas las mujeres acceder a ella hasta la semana 14 de gestación. Sin embargo, la nueva ley limita el procedimiento solo a los casos en los que exista un riesgo grave para la salud de la mujer –hasta las 22 semanas– y en los de violación –hasta las 12 semanas–, obligándolas a recibir el visto bueno de dos médicos distintos y a esperar después siete días como período para que cambien de idea, además de plantear una “reglamentación inadecuada” en la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
En este sentido, las ONG consideran que el anteproyecto supone una sucesión de “obstáculos innecesarios” para dificultar el acceso de la mujer al aborto y atenta contra diversos derechos humanos.
La mala reglamentación en la objeción de conciencia puede impedir que “las pacientes obtengan acceso a servicios que les corresponden en virtud de la legislación aplicable” y puede provocar un peregrinaje por diferentes centros de salud públicos y privados, con la carga de estrés consecuente.
“La exigencia de dos especialistas diferentes podría constituir una barrera injustificada que no resulta necesaria desde el punto de vista médico, ni proporcionada en función de ningún objetivo legítimo en materia de reglamentación, y que sitúa en desventaja a las mujeres de las zonas rurales”, con dificultad para acceder a dos médicos distintos.
Los períodos de espera obligatoria de siete días deja expuestas a las mujeres, además de a la angustia prolongada, a una posible “falta de objetividad de la información proporcionada durante las sesiones de asesoramiento obligatorias” y “no son necesarios desde el punto de vista médico”.
Las menores de 18 años, sometidas a un régimen de tutela legal, ven afectados sus “derechos de autonomía corporal y a la privacidad y confidencialidad”, ya que el texto presenta una “redacción imprecisa” que “otorga a los jueces amplia discrecionalidad para autorizar o no el aborto cuando no se pueda obtener el consentimiento de los padres”.
La prohibición de dar publicidad a los centros médicos especializados y difusión de cualquier información sobre medios y procedimientos para la interrupción del embarazo “vulnera el derecho a la libertad de información y los principios de no discriminación e igualdad”.
Las ONG expresan también una “profunda consternación” ante el hecho de que a las víctimas de violación se les exija haber interpuesto una denuncia ante la policía para poder acceder a un aborto legal, ya que “impone una carga indebida a las mujeres y jóvenes que han sufrido el trauma de la violencia sexual”, y recuerda la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que indica que “se deben proporcionar servicios de aborto sin riesgos y rápidos en función del reclamo de la mujer, en lugar de requerir evidencias forenses o exámenes policiales.
“En lugar de restringir el acceso al aborto, el gobierno de España debería adoptar todas las medidas requeridas para asegurar que las mujeres tengan acceso gratuito, con toda la información necesaria, a servicios de aborto seguros y legales como un elemento del ejercicio de los derechos reproductivos y otros derechos humanos de las mujeres”, concluyen las ONG internacionales.
