La ONU ha sido clara en su posicionamiento contra la decisión del Gobierno del Partido Popular de no extraditar a Argentina a 17 españoles acusados de crímenes contra la humanidad durante el régimen franquista: “España debe extraditar o juzgar”.
El Consejo de Ministros rechazó el pasado día 13 la extradición solicitada por la jueza argentina María Servini porque, según el ministro de Justicia, Rafael Catalá, además de que España es el país competente para juzgar a los acusados, “con Franco no era delito firmar penas de muerte” y aunque lo hubiera sido, habría prescrito pasados 15 años. Sin embargo, la ONU no considera válidos ninguno de estos argumentos, ya que España jamás ha iniciado un proceso por los crímenes franquistas y además los delitos de lesa humanidad no prescriben.
Así lo ha expresado este viernes un grupo de expertos de la ONU en Ginebra, al asegurar que España está «obligada a extraditar a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas».
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos explicó, en un comunicado, que la declaración emitida hoy por el grupo alude a la decisión del Gobierno español de no extraditar a 17 acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los Derechos Humanos durante el régimen franquista, incluidos varios exministros.
«La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad», indicaron los expertos de la ONU. En este sentido, la ONU ya ha instado anteriormente a España a investigar los crímenes franquistas con urgencia.
En la nota, se explica que el grupo «ha mantenido comunicación con el Gobierno español en relación con las extradiciones ordenadas en octubre de 2014, en el marco de la llamada ‘querella argentina’,en la que se investigan fusilamientos, torturas, robo de bebés y otros delitos», se añade en la nota.
La jueza argentina María Servini de Cubria había pedido la extradición para ser juzgados de 20 acusados en la causa que instruye desde 2010 contra crímenes del franquismo, entre los que figuran los exministros del régimen franquista Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina (suegro del anterio ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón).
Servini estableció que los delitos que investiga constituyen crímenes de lesa Humanidad y pidió poder juzgar a los responsables, bajo el principio de jurisdicción universal.
«Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esta solicitud de extradición», indicaron los expertos, pero, en ese caso, «tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho a la verdad».
Los expertos independientes recalcaron que los argumentos preliminares presentados por el Gobierno español «carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los Derechos Humanos».
«En particular, el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos», señalaron, al insistir en que «la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa Humanidad».
Los expertos resaltaron que «el derecho internacional es muy enfático: los crímenes de lesa Humanidad y los delitos de tortura son imprescriptibles, es decir que no ‘vence’ la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables».
«Asimismo, la desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los Derechos Humanos. La obligación de investigar perdura hasta que se esclarezca la suerte y paradero de la persona», aclararon.
El Gobierno español también invocó los principios de jurisdicción preferente y de no doble incriminación, pero, según los expertos de la ONU, estos principios no son aplicables en este caso, ya que «más de 40 años después de los hechos en España no se han iniciado investigaciones sobre estos delitos, que incluyen tortura, desapariciones o ejecuciones cometidas durante el franquismo». (Postdigital/Agencias)
