La ONU ha instado al Gobierno español a adoptar las “medidas necesarias” en relación con las “leyes de la concordia” impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla-León y la Comunidad Valenciana para garantizar “la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos”.
En su escrito, recuerda que todos los poderes del Estado español, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades nacionales, regionales o locales “deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos”, y que el incumplimiento de esas obligaciones compromete la responsabilidad de España.
Lo expone en una comunicación conjunta del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
La ONU insiste en que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación, advierte la comunicación de la ONU.
En respuesta a una iniciativa del Gobierno central
Este informe responde a la iniciativa del Gobierno central de elevar a las principales instancias europeas e internacionales las medidas contra la Memoria Democrática emprendidas por el PP y Vox en varias comunidades autónomas.
El Ejecutivo anunció en abril su intención de recurrir a Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, y al Consejo de Europa, estas iniciativas.
La comunicación incide en la obligación del Estado español en su conjunto de garantizar la preservación de la memoria colectiva “relativa a las violaciones manifiestas de los derechos humanos, tales como las cometidas en periodo de dictadura franquista y guerra civil, en tanto elemento esencial de la reparación debida a las víctimas, de las garantías de no repetición de la violencia pasada y del derecho a participar en la vida cultural”.
“Dicha obligación incluye el deber de adoptar procesos de memorialización que permitan reconocer, recordar, preservar y transmitir la información sobre las violaciones sufridas, en respeto pleno a la dignidad de las víctimas y en consulta efectiva con ellas”, añade.
