España debe dar prioridad a la búsqueda de desaparecidos forzados durante la Guerra Civil y el franquismo, señala la principal recomendación a este país del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
El informe sobre España, que hoy se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, indica que «desde el retorno a la democracia, se han dado pasos importantes aunque tímidos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura».
El grupo, que visitó España del 23 al 30 de septiembre de 2013, recomienda al Gobierno que «asuma su responsabilidad y un rol de liderazgo para asegurar que estas iniciativas son parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaboradora».
El aspecto más urgente, según el grupo, es la búsqueda de los restos de las víctimas.
«Dado el transcurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares, es urgente que el Estado adopte como una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas», señalan.
El grupo lamenta que hasta ahora, la mayoría de las iniciativas para encontrar a las víctimas partieron de los familiares o asociaciones civiles y no de los organismos del Estado, y se hace eco de la «frustración» de estos particulares, que no cuentan con el apoyo gubernamental que desearían.
«Los centenares de familiares con los que se reunió el grupo de trabajo han manifestado una profunda frustración frente a los obstáculos administrativos y las dificultades para acceder a la información necesaria para esclarecer la suerte y el paradero de sus seres queridos», denuncian los representantes de la ONU.
El grupo reconoce que se han llevado a cabo «cientos» de exhumaciones, se ha elaborado el mapa en el que se identifica la ubicación de fosas comunes, se han otorgado subvenciones a víctimas, y ha habido «actuaciones aisladas» de ciertos tribunales por las que se ordenaron diligencias de investigación, búsqueda y exhumación, acciones que «representaron avances concretos y valorables».
Sin embargo, los expertos critican que si bien en 2007 se adoptó la Ley de Memoria Histórica, «ésta carece de presupuesto».
Además, señalan otros desafíos como «la vigencia de la Ley de Amnistía, la impunidad para todos los casos de desapariciones forzadas, la falta de una ley de acceso a la información y la dificultad para acceder a los archivos».
Los expertos consideran que todos estos escollos se solventarían si existiera un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas.
El grupo solicita que España ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.
«El Grupo de Trabajo reitera su solidaridad con las víctimas de desaparición forzada y sus familias. Su constante sufrimiento es la prueba palpable de que la desaparición forzada es un delito permanente y una continua violación de los derechos humanos hasta que la suerte o el paradero de la víctima se hayan esclarecido», concluyen los expertos. (Agencias)
