Después de haber gastado más de 12.000 millones de euros de dinero público para sanear la entidad financiera, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha vendido este lunes CatalunyaCaixa al BBVA por tan solo 1.187 millones de euros, lo que genera una pérdida para el erario público de más de 11.500 millones, que no se recuperarán de ningún modo tras la privatización del ente previamente nacionalizado.
A Francisco González, el presidente del grupo BBVA, le ha salido muy ventajosa la operación, ya que, tras la inyección pública, el patrimonio neto de CatalunyaCaixa (antes llamada Catalunya Banc) queda tasado en 2.500 millones de euros, más del doble del precio de la compra.
Además, el Estado protege al BBVA con 300 millones extra en ayudas indirectas para contingencias futuras, como las condenas que puedan surgir a consecuencia de los múltiples procesos judiciales que CatalunyaCaixa tiene abiertos por la estafa de las preferentes y la deuda subordinada.
Es el resultado del último intento de venta de CatalunyaCaixa, cuatro años después de su nacionalización y del fracaso de las dos subastas previas, por el empeño del Gobierno en evitar la liquidación directa de la entidad que ya urgía Bruselas.
Pérdidas millonarias con las operaciones de venta
Con esta re-privatización, el FROB da por concluida la llamada “reestructuración del sistema bancario español”, después de haber nacionalizado y malvendido cuatro entidades: Bankia, NCG Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia.
Con la venta de Novacaixagalicia –el nombre que recibió tras la nacionalización NCG Banco– los españoles ya perdimos 8.000 millones de euros, después de pasarla al grupo venezolano Banesco por 1.000 millones cuando se habían inyectado 9.000 de dinero público en su saneamiento.
El Banco de Valencia, que había recibido 5.500 millones de euros del Estado, fue vendido a CaixaBank por el precio simbólico de 1 euro, además de recibir un esquema de protección de activos por el que el 72.5% de las pérdidas que afloraran en el futuro sería asumido con dinero público.
Bankia fue, de las cuatro, la entidad que más dinero público absorbió, más de 20.000 millones de euros. El FROB mantiene una alta participación en la entidad, de la que controla a día de hoy un 61% después de vender un 7,5% a grandes fondos de inversión en una operación de la que solo obtuvo 1.300 millones.
Corrupción, estafas e indemnizaciones desorbitadas
Las cuatro entidades están envueltas en procesos judiciales diversos relacionados con la estafa de las preferentes, delitos contra la Hacienda Pública o con la administración desleal de sus directivos y consejeros, que fueron subiendo sus sueldos estando ya las entidades en quiebra y se auto-adjudicaron prejubilaciones millonarias mientras miles de familias perdían los ahorros de toda una vida.
En el caso de Catalunya Caixa, los 54 miembros del Consejo de Administración de la antigua Catalunya Banc fueron imputados hace un año por la Fiscalía Anticorrupción por un delito de administración desleal y por haber recibido “cobros desproporcionados”.
Entre los imputados destacan el expresidente y el exconsejero delegado de la entidad, Adolf Todó y Jaume Masana, quienes a pesar de ello recibirán 1.200 millones de dinero de las arcas públicas en concepto de indemnización por “despidos improcedentes”, según dictó el juzgado de lo Social número 8 de Barcelona el pasado mes de marzo.
También se encuentra imputado “por incumplimento grave y culpable de sus funciones” el anterior presidente de Catalunya Banc, Narcís Serra, quien fuera también vicepresidente del Gobierno con Felipe González y ahora consejero de Telefónica en Latinoamérica.
