Ni Acebes, ni Arenas, ni Mayor Oreja, ni Álvarez Cascos, ni, por supuesto, tampoco Mariano Rajoy tendrían que ajustar cuentas con Hacienda aún si se probase la autenticidad de los pagos en negro y que hubieran incurrido en delito, como se presupone en los papeles registrados de Luis Bárcenas. Solo cabe la posibilidad de imputar a la actual secretaria general, Dolores de Cospedal, ya que es la única dirigente del PP que podría ser sancionada, pues sus supuestos cobros, ya que al haber sido emitidos los pagos el 7 de julio del 2008, constituirían el único delito que no ha prescrito. A efectos legales se le podría imputar hasta ese mismo día del 2013.
De haber caso, tampoco sería delito penal por ser las cantidades inferiores a 120.000 euros. La única sanción que podría darse sería la que fija la Ley General Tributaria en su artículo 191 para quienes incumplan la obligación de ingresar una deuda con el fisco. Este comportamiento, tipificado solo como infracción administrativa, acarrea una sanción que puede ir del 50% al 150% de la deuda descubierta, más el pago de las cantidades adeudadas. La ley, no obstante, permite al contribuyente cazado beneficiarse de descuentos del 30% por conformidad y del 30% por pronto pago.
Otra cosa es que se consiguiera demostrar que esos pagos hayan sido dados por las empresas a cambio de favores, en cuyo caso habrían incurrido en un delito de cohecho y tráfico de influencias.
