La tasa de paro de Grecia alcanzó este mayo pasado un máximo histórico del 27,6%, seis décimas más que en abril y un 4% más que en mayo de 2012, cuando se situó en el 23,8%, según los datos publicados por el servicio griego de estadísticas, Elstat.
En comparación con mayo de 2010, cuando Grecia fue rescatada por la troika, la cifra de desempleados se ha incrementado un 129,4%. Entonces la tasa de paro del país heleno se situaba en el 12%.
Un total de 1,381 millones de ciudadanos en Grecia carecían de empleo en mayo, lo que representa una subida del 16% en un año y del 2,3% en el último mes.
El paro entre los jóvenes llegó ese mes hasta el 37,7%, cinco puntos porcentuales más que en mayo de 2012. En el caso de los menores de 25 años, la tasa de paro correspondiente al pasado mes de mayo se situó en un 64,9%, la más alta entre los países de la UE, frente al 55,1% registrado hace un año. En cuanto a sexos, el paro masculino alcanzó en mayo el 24,6%, frente al 21% de hace un año, mientras el desempleo femenino escaló al 31,6%, desde el 27,7% de mayo de 2012.
Sin embargo, por exigencias de la ‘Troika’ tras el rescate, el gobierno heleno debe proseguir por la senda del recorte y la eliminación de puestos de trabajo del sector público. El representante de la ‘Troika’ Mathias Morse ha manifestado que “Grecia no puede pagar más de 450.000 funcionarios públicos», por ello se espera que a partir de 2014 el estado griego no supere esa cifra de empleados, que antes de los nuevos despidos acordados era en este año de 621. 741, tras haber sido suprimidos ya en el 2011 la cantidad de 200.000 funcionarios, principalmente profesores, médicos, bomberos, etc.
Puesto que la legislación griega impide el despido de los funcionarios de carrera a menos que hayan cometido una infracción, el único modo de reducir el número de empleos públicos es mediante la eliminación o la fusión de los organismos a los que sirven, y este es el camino que ha tomado el actual ejecutivo, que, con toda la oposición en contra (llegando incluso al abandono del hemiciclo por parte de los partidos de izquierdas), ha aprobado este agosto una nueva legislación según la cual los ministros del Gobierno podrán hacer cambios fundamentales en la organización del sector público sin la aprobación previa del Parlamento, mediante decretos presidenciales.
