El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha irrumpido este viernes en la actualidad política nacional con una declaración institucional de gran dureza contra el acuerdo de gobierno alcanzado en Extremadura entre el Partido Popular y Vox. Desde Bruselas, donde asiste a una cumbre europea, Sánchez ha calificado de «afrenta moral» las medidas migratorias pactadas por María Guardiola, acusándola de «vender el alma de una región» que, históricamente, conoce mejor que ninguna otra el dolor y la necesidad del fenómeno migratorio.
Un ataque a la memoria colectiva
Para el jefe del Ejecutivo, el pacto que otorga a la ultraderecha una vicepresidencia y las carteras de Agricultura y Servicios Sociales no es solo un retroceso administrativo, sino una «traición a la propia identidad extremeña». Sánchez ha recordado que Extremadura ha sido, durante siglos, una tierra de hombres y mujeres que tuvieron que abandonar su hogar en busca de una vida mejor en otras partes de España, Europa y América.
«Es una paradoja cruel», ha señalado Sánchez ante los medios. «Una tierra que sabe lo que es la emigración, que sabe lo que es ser recibido en otros lugares con esperanza, hoy firma un documento que persigue al que viene a trabajar, que estigmatiza al vulnerable y que rompe el principio de solidaridad». El presidente ha insistido en que aplicar la «prioridad nacional» a quienes cotizan y contribuyen al bienestar de la región es «negar la propia historia de superación de Extremadura».
El «chantaje» de la prioridad nacional
El punto que más ha encendido las críticas del Gobierno central es la exclusión de los inmigrantes de las ayudas sociales, a pesar de que estos cumplan con sus obligaciones fiscales. Sánchez ha sido tajante al respecto: «No se puede pedir a una persona que pague sus impuestos, que contribuya con su esfuerzo a recoger nuestras cosechas o cuidar a nuestros mayores, y luego decirle que su hijo no tiene derecho a una beca de comedor porque no ha nacido aquí. Eso no es política, es una arquitectura de la exclusión que nos retrotrae a épocas oscuras».
El presidente ha alertado de que este modelo de «contribuyentes sin derechos» que el PP ha aceptado de Vox pone en jaque la cohesión social y la seguridad jurídica. «Estamos hablando de personas que están en situación regular, que trabajan y que levantan Extremadura cada día. Negarles la red de protección social es un ejercicio de cinismo que este Gobierno no va a permitir», ha sentenciado.
Ofensiva legal y constitucional
Sánchez no se ha quedado solo en la crítica política. Ha confirmado que los servicios jurídicos del Estado ya están analizando las 74 medidas del pacto para detectar posibles vulneraciones de la Constitución y de la Ley de Extranjería. El Gobierno central ha dejado claro que recurrirá cualquier disposición que atente contra el artículo 14 de la Constitución (igualdad ante la ley) o que intente usurpar competencias exclusivas del Estado en materia de fronteras y asilo.
«El Partido Popular se ha mimetizado con los postulados más radicales de Vox», ha denunciado Sánchez. Según el presidente, el PP ha pasado de defender una derecha institucional a convertirse en el «caballo de Troya» de una ideología que desprecia los consensos europeos sobre derechos humanos. «Europa mira hoy a Extremadura con estupor», ha añadido, haciendo hincapié en que este pacto «asfixia el progreso y la imagen internacional de España».
Un freno al relevo generacional
Finalmente, el jefe del Ejecutivo ha vinculado este pacto con la viabilidad futura de la región. Sánchez ha argumentado que, en una Extremadura que lucha contra la despoblación, el discurso del odio y la exclusión de los inmigrantes es «un tiro en el pie para la economía». «Para que los jóvenes se queden y las empresas prosperen, necesitamos una sociedad abierta, no una que levante muros burocráticos y persiga a los trabajadores por su origen».
Con estas declaraciones, Sánchez eleva el tono y sitúa el pacto extremeño como el eje central de la batalla ideológica para los próximos meses. Mientras María Guardiola se prepara para su investidura, el Gobierno de la nación ya ha trazado una línea roja: la historia de Extremadura como tierra de migrantes no será sustituida por un «manual de discriminación» sin dar la batalla en los tribunales y en las instituciones.
