Han señalado en un comunicado que «las constantes noticias de casos de represión bajo la ‘Ley Mordaza’, amparadas únicamente en la palabra de policías que cuando se demuestra falsa no implica consecuencias, los ha llevado a plantear su caso, excepcional, por contar con dos vídeos inesperados que evidencian la falsedad de la acusación«.
Los seis jóvenes acusados, y posteriormente absueltos, de la agresión en febrero de 2014 al entonces presidente regional y líder del PP regional, Ignacio Diego, durante una manifestación en la Universidad de Cantabria, han presentado denuncias por la agresión y la falsa acusación que, según ellos, hicieron los policías, y por la falsa documentación sobre los daños en los coches del Gobierno, y reclaman una indemnización por el «daño moral» sufrido.
Las denuncias que han presentado se dirigen contra todas aquellas personas físicas y/o jurídicas que, tras la investigación de los hechos, pudieran ser responsables penalmente de los hechos que describen.
Junto a todo ello, los denunciantes reclaman una indemnización por los daños morales y el sufrimiento que han padecido durante los años de «escarnio público al aparecer sus nombres en la prensa de forma continuada, la posibilidad de una condena de prisión, retrasos injustificados en el desarrollo del proceso, posibles represalias laborales, repercusiones en su entorno familiar y social, entre otros aspectos».
Los denunciantes son miembros de la plataforma Preguntar No es Delito que, «tras demostrar su inocencia», «pretende acabar con la impunidad de este tipo de montajes que atentan contra las libertades más fundamentales».
Recordaron que las penas solicitadas eran de hasta 12 años de prisión (42 años en total para los acusados).
