Por primera vez el PP ha sido imputado como partido al completo en el entorno del ‘caso Bárcenas’ y se ha hecho en relación al borrado de los famosos ordenadores del extesorero del Partido Popular.
El Juzgado número 32 de Madrid ha citado el próximo 4 de febrero a la formación política en calidad de investigada —figura que sustituye a la de imputada tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) impulsada en solitario por el PP—, así como a la tesorera y gerente del partido, Carmen Navarro.
El juez dirige la investigación contra el propio partido tratándose de la primera vez en la que la formación es investigada como persona jurídica, razón por la que se ha citado a Navarro y a otro representante legal del PP cuyo nombre aún se desconoce.
La citación del PP como investigado en un presunto delito por este asunto se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara reabrir las diligencias previas que fueron archivadas en octubre de 2013 en contra de los requerimientos del juez Pablo Ruz, que instruía el caso Bárcenas, dando un carpetazo al asunto.
El pasado 15 de enero tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid consideraron que la decisión de sobreseer la causa del «borrado» de los discos duros en los ordenadores de Bárcenas se adoptó sin haber practicado ninguna investigación e indican que se desconoce, quien o quienes ordenaron en la sede del PP la destrucción de dicho material.
«Era público y notorio que Bárcenas estaba siendo sometido a investigación penal por graves delitos», señalaba el auto de la Audiencia que apunta que antes de decidir sobre la causa se debe interrogar al extesorero y consultar los datos que aportó a la Audiencia Nacional en un pen drive y varias carpetas. Así, pide «examinar dicha documentación, contrastarla, y oír a Bárcenas sobre este extremo».
En este sentido, un día antes, el 3 de febrero, están citados el propio Bárcenas; la que fue su secretaria Estrella Domínguez; el jefe de seguridad del partido en el momento de los hechos investigados, Antonio de la Fuente y el abogado del PP Alberto Durán.
El juzgado 32 asumió la investigación cuando el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional consideró que el caso no era de su competencia tras advertir que «la manipulación» de los datos contenidos en los dispositivos podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos.
El archivo se produjo sin que la magistrada hubiera practicado prueba alguna ni tomara declaración a posibles imputados o testigos. El PP alegó que los discos duros habían sido destruidos para garantizar la confidencialidad de los datos que almacenaban debido a su «alto nivel de criticidad».
IU, ALA, Ecologistas en Acción y Federación los Verdes presentaron la primera querella sobre este asunto en los Juzgados madrileños el 17 de octubre de 2013 y con fecha 30 de octubre de 2013, sin practicarse ninguna diligencia de averiguación, fue sobreseída. Dicho sobreseimiento fue recurrido en apelación por las acusaciones, habiéndose producido el extravío de la causa en el traslado del expediente entre los juzgados de Madrid y el órgano judicial que debía resolver dicho recurso, la Audiencia Provincial de Madrid.
La querella se dirigió contra el propio PP como persona jurídica, al considerarle esta acusación penalmente responsable de los hechos. Es la primera querella que se presentaba en España contra un partido político, después de la reforma del Código Penal del pasado mes de enero de 2014 que lo hacia posible. (Postdigital/Agencias)
