El Gobierno del Partido Popular sigue en su senda de tramitar legislaciones ad hoc, cambiando las leyes según se le van presentando las situaciones desfavorables. El último de estos casos ha tenido lugar este martes en el Congreso, donde el PP ha presentado por sorpresa una proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional que le permita multar y suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplan sus sentencias y resoluciones.
Se trata de una reforma ideada a propósito para arremeter contra los gobernantes catalanes, especialmente Artur Mas, en el caso de que se pudiera dar una declaración unilateral de independencia de Cataluña, y el PP pretende que la reforma sea tramitada de manera urgente, para llegar a tiempo de cara a las próximas elecciones autonómicas catalanas del 27 de septiembre, y en lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión.
Una urgencia que el PP, sin embargo, no vio oportuna para la tramitación de una reforma de la Ley Electoral que permitiera a los españoles exiliados en el extranjero poder votar en las próximas elecciones generales y que fue rechazada en el Congreso el pasado 19 de junio con la mayoría absoluta del Partido Popular.
La tramitación de urgencia resulta muy oportuna al Gobierno de Mariano Rajoy no solo por los plazos sino porque evitaría que tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal tuvieran que pronunciarse de manera preceptiva. Es más, esta proposición de ley se presenta al margen del debate del conjunto de la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional, que en estos momentos se tramita en el Senado.
En cuanto a los plazos, el PP marca el día 17 de septiembre como la fecha para la consideración de la proposición de ley, y el 29 de septiembre para su aprobación definitiva, dos días después de la celebración de las elecciones catalanas y antes de la disolución de las Cámaras de esta legislatura, una aprobación que, dada la mayoría absoluta del partido en el Congreso, es más que previsible.
La reforma ha sido presentada en el Congreso por el portavoz del grupo Popular, Rafael Hernando, quien ha dicho que la propuesta se inspira en el sistema alemán, y ha justificado la urgencia de esta explicando que “hace cuatro años no había una situación como esta donde se presentan juntos los que dicen que quieren romper España en una lista”, en referencia a la candidatura Junts Pel Sí. Por su parte, el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, quien ha acudido al Congreso junto a Hernando, ha sentenciado que “la broma ha terminado”, nada más registrar la iniciativa en la Cámara.
Críticas del resto de partidos políticos
Las respuestas de los grupos de la oposición no se han hecho esperar. Desde Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el portavoz en el Senado, Josep LLuís Cleries, ha calificado el movimiento del PP como “el mayor ataque a la democracia que se ha producido desde 1978” y ha anunciando que irán a los tribunales si es necesario.
Por su parte, Unió Democrática de Catalunya (UDC) considera, en palabras del candidato a la presidencia de la Generalitat, Ramon Espadaler, que se trata de una propuesta “oportunista” y “electoralista”, ha criticado que se “utilice de una manera tan burda todo lo que es el Tribunal Constitucional, que debería ser un ente prestigioso”, y ha instado al Gobierno a aplicarse ellos mismos la propuesta.
Desde el PSOE, Patxi López ha acusado al PP de hacer una “instrumentalización perversa de las instituciones”, de “deslealtad” y de “irresponsabilidad”, y asegurado que el PSOE no apoyará esta reforma exprés del Tribunal Constitucional, que conlleva “irregularidades legales” porque no contará con los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
Pablo Iglesias ha acusado al PP de actuar mediante “amenazas que no contribuyen a que ciudadanos de este país se entiendan”, y el secretario de Relaciones de la Sociedad Civil en Podemos, Rafa Mayoral, ha criticado que tanto Artur Mas como Mariano Rajoy pretendan “aumentar la tensión” para que “nos olvidemos de la Púnica, de Bárcenas y del 3%”.
Alberto Garzón, secretario general de Izquierda Unida, ha calificado de “absolutamente injustificable que se pretenda aprobar una reforma de la ley orgánica a dos meses de terminar la legislatura”, y considera que se trata de “un intento de dejarlo todo atado y bien atado, temerosos de los cambios que vienen”.
El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV ha tildado de “disparate” la propuesta del PP, el partido “campeón de los incumplimientos de las resoluciones del TC”. Aitor Esteban, portavoz del grupo vasco, ha asegurado que la reforma es una “chapuza legislativa y un atropello por evitar, en una reforma de este calado, los informes de los órganos consultivos”, y ha añadido que “la vía de la confrontación no sirve para nada”.
Para el líder de Ciudadanos, Alber Rivera, la única pega a la estrategia del Partido Popular se encuentra que lo ha hecho “tarde y mal”, y recrimina al partido en el Gobierno que no haya actuado antes contra otros incumplimientos de sentencias judiciales, como el de la consulta soberanista del pasado 9N.
