El Consejo de Ministros del Gobierno del Partido Popular ha rechazado este viernes la extradición de las veinte personas reclamadas por Interpol para ser juzgadas en Argentina por crímenes de lesa humanidad, como solicitaba la jueza argentina María Servini el pasado noviembre.
Entre las veinte personas reclamadas por la justicia argentina se encuentran exministros, expolicías, miembros de las Fuerzas Armadas y exjueces franquistas por firmar las últimas sentencias de muerte de represaliados a manos del régimen, por la represión de los trabajadores de la ‘matanza del 3 de marzo’ en Vitoria en la que murieron cinco personas y hasta un ginecólogo por el ‘caso de los bebés robados’.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá ha argumentado en rueda de prensa tras la sesión del Consejo que España, por el “principio de jurisdicción preferente”, es el país competente para juzgar los presuntos delitos cometidos por españoles en el país y que no procede su extradición a Argentina.
Sin embargo, en España tampoco serían juzgados exministros como Rodolfo Martín Villa o José Utrera Molina (suegro del anterio ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), ya que, según Catalá, con Franco no era delito firmar penas de muerte y, además, de ser delito, este habría prescrito trasncurridos 15 años, atendiendo al “principio de doble incriminación” y al “principio de extinción de la responsabilidad” respectivamente.
El Gobierno rechaza así la solicitud de Servini para juzgar los crímenes en el terreno del derecho internacional según la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, así como la petición de las víctimas del franquismo y sus familiares desde la Coordinadora CEAQUA, que entiende que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de “aterrorizar a españoles” por su ideología.
Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.
Además de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores (caso de los bebés robados).
A petición de la Fiscalía, ha imputado a Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.
Además, imputa a Abelardo García, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como médico ginecólogo
