El PP vuelve a suspender estrepitosamente este año en el ‘Ranking 2017 sobre calidad democrática de los partidos políticos españoles’, según un estudio de la iniciativa ciudadana +Democracia, en el que el partido del Gobierno se mantiene al final de una lista con 15 formaciones políticas analizadas.
En el estudio se han analizado los 15 partidos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados –excepto Catalunya en Comú, que no concurrió a las últimas elecciones, y se han analizado los partidos que forman parte de él en base a 41 indicadores, agrupados y ponderados en cinco capítulos: democracia interna, sistemas de selección de candidatos, derechos de los afiliados y su protección, información pública sobre el partido y publicidad de los códigos éticos.
Así, en materia de democracia interna suspenden todas las formaciones analizadas, con una puntuación media de 3,8 puntos, y obtienen un aprobado raspado en cuanto a procedimientos de elección de sus candidatos, con un 5,2, y en cuanto a derechos de los afiliados y su protección, con un 5,5.
Los partidos políticos puntúan 6,0 sobre 10 en lo que se refiere a disponer de códigos éticos y a su publicidad y 6,9 sobre 10 en la información que facilitan en sus webs sobre documentos internos, resoluciones de congresos.
Sobre las bajas puntuaciones obtenidas, el estudio destaca en sus conclusiones que los congresos de los partidos se celebran muy mayoritariamente cada tres o cuatro años, lo que obstaculiza la renovación de sus políticas e ideas, así como de sus dirigentes e impide a las oposiciones internas plantear alternativas.
Además, indica que las reuniones de los órganos de control de las direcciones son «poco frecuentes» y «no controlan a sus órganos directivos o no tienen apenas capacidad para hacerlo» y hay un elevado incumplimiento de los plazos de reunión de estos órganos previstos en los propios Estatutos, lo que hace que «la función de contrapeso de las direcciones haya desaparecido en algunos partidos».
En cuanto a los derechos de los afiliados, el estudio constata que aunque se reconocen en los Estatutos, «no se han implementado sistemas eficaces para defenderlos». Así, concreta que es habitual que las formaciones no cuenten con un «órgano realmente independiente» al que los militantes puedan acudir en caso de ser expulsados o suspendidos de militancia.
