El Partido Popular (PP) ha solicitado acogerse a la denominada ‘doctrina Botín’ para no ser juzgado como responsable civil subsidiario en la causa en la que se investiga su ‘caja B’ y que este procedimiento se dirima en la Audiencia Provincial de Madrid y no en la Audiencia Nacional al considerar que la supuesta defraudación a Hacienda no ha tenido «repercusión en la economía nacional».
Así consta en un recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que los ‘populares’ impugnan la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, de imponer a la formación una fianza de 1,2 millones de euros para cubrir la responsabilidad civil que se pudiera determinar en una próxima sentencia.
El PP recuerda que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado acusaron a la formación de Mariano Rajoy de un delito fiscal por no declarar las donaciones que recibió en el año 2008 y que las acusaciones populares, en consonancia con la ‘doctrina Botín’ del Supremo, «no tienen legitimación para reclamar la responsabilidad civil derivada del delito cuando el supuesto perjudicado», en referencia a la Hacienda Pública, «renuncia a ella».El juez De la Mata, que pidió a los ‘populares’ algo más de un millón de euros por el pago de las obras de su sede en negro y 220.000 por no declarar las donaciones de 1,05 millones de euros que recibió en 2008, se acogió a las ‘doctrinas Atutxa’ e ‘Ibarretxe’ para abrir juicio oral contra la formación política con la única petición de la acción popular al considerar que el delito de fraude fiscal carece de un perjudicado concreto.
Según el recurso, que lleva la firma del abogado del PP y exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, la interpretación realizada por De la Mata «yerra» al considerar que el delito contra la Hacienda Pública es «uno de los que admiten ser perseguidos» con la única acusación de las acciones populares, «cuando el alto tribunal, al matizar la conocida como ‘doctrina Botín’, no excluyó, ni explícita ni implícitamente, dicho delito del alcance de dicha doctrina, sino todo lo contrario».
«La Audiencia Nacional no es competente»
En relación con el tribunal competente para juzgar estos hechos, el PP señala que correspondería a la Audiencia Provincial de Madrid y no a la Audiencia Nacional, ya que las cantidades supuestamente defraudadas por la formación y el estudio de arquitectura que renovó su sede alcanzarían en el supuesto más amplio 1.797.634,13 euros. «¿Es dicha supuesta cantidad de una entidad tal que supone una grave repercusión en la economía nacional? Difícilmente puede mantenerse tal aseveración», señala el recurso.
Siguiendo esta argumentación, los ‘populares’ apuntan que la competencia de la Audiencia Nacional no está justificada porque las supuestas defraudaciones «no tuvieron lugar en multitud de provincias y lugares de España, por una diversidad de personas físicas y jurídicas cuyos domicilios fiscales se encuentran desperdigados por la geografía nacional».
«Más bien al contrario, el Partido Popular es un partido político cuyo domicilio fiscal se encuentra en Madrid, al igual que el domicilio fiscal de Unifica y al igual que los domicilios fiscales» de los extesoreros de la formación Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y el antiguo gerente Cristóbal Páez, acusados en el procedimiento junto a tres responsables del estudio de arquitectura.
«El PP dice que no hay delito»
El PP también defiende que la Agencia Tributaria se manifestó «en repetidas ocasiones» en contra de imputar un delito de fraude fiscal al PP en relación con el Impuesto de Sociedades de 2008, en el que deberían haberse declarado, según el juez, las donaciones correspondientes a ese ejercicio.
En relación con los pagos en negro de las obras de la sede, que deberían haber sido incluidos en el Impuesto de Sociedades de Unifica del año 2007, según el instructor, la formación señala que la supuesta defraudación habría prescrito y que, en todo caso, no superaría el umbral del delito de fraude fiscal, establecido en 120.000 euros.
De igual modo, la formación de Mariano Rajoy apunta que la Intervención General del Estado ha constatado «la falta de fiabilidad» de los denominados ‘papeles de Bárcenas’, al tratarse de «fotocopias que no merecen ninguna credibilidad».
