La privatización de la sanidad va en aumento en perjuicio de la Sanidad Pública. Así se desprende del último informe elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que evalúa la evolución de la privatización sanitaria en las comunidades autónomas.
El informe refleja cómo se ha producido un incremento de la privatización de los servicios sanitarios en todas las comunidades autónomas, con un aumento de los conciertos, el aseguramiento privado y el gasto de bolsillo.
Un incremento que se produce de manera especialmente importante a partir del año 2009, según la federación, pero que comenzó a producirse en 1986 con la Ley General de Sanidad, con fenómenos que favorecían la privatización y cuestionaban el modelo de Sanidad Pública.
Estos fenómenos de privatización, destaca FADSP, “han tenido una intensidad variable según las CCAA atendiendo tanto al grupo político en el gobierno como a otras circunstancias” y se “profundizó y diversificó a partir de la financiación de las transferencias sanitarias en 2001 y del primer gobierno del PP a nivel central”, acentuándose en la última legislatura.
Falta de transparencia
La federación denuncia también las dificultades con las que se han encontrado a la hora de acceder a los datos, señalando como principal limitación del estudio la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias, “que dificulta enormemente el encontrar datos homogéneos para todas las CCAA y que es un fraude a la ciudadanía, que es la que las sufraga con sus impuestos, y un incumplimiento notorio de la denominada ley de transparencia”.
Elaborado con datos de 2014 y 2015 –previos a las últimas elecciones autonómicas–, el informe destaca la gran desigualdad entre las comunidades autónomas, lo que muestra que en la privatización de los servicios sanitarios “hay diferencias excesivas que evidencian una falta de cohesión del Sistema Nacional de Salud”.
Madrid y Cataluña, las más privatizadas
Según los datos, las comunidades autónomas con mayor grado de privatización serían Madrid (23), Cataluña (22), Baleares (19) y Galicia (18). Con un grado intermedio aparecen clasificadas País Vasco (17), Canarias, Navarra y Valencia (16), Asturias y La Rioja (14), Aragón y Murcia (13). El grado más bajo de privatización sería para Andalucía y Cantabria (12), seguidas de Castilla la Mancha (11) y Extremadura (10).
Para la elaboración del informe, las variables analizadas han sido el porcentaje de población cubierta por Mutualidades de Funcionarios, el gasto en seguros privados per capita, el gasto sanitario de bolsillo per capita, el porcentaje de camas hospitalarias privadas sobre el total, el de equipamiento de alta tecnología en hospitales privados y el de gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados, así como la presencia de modelos de colaboración público-privada.
En este sentido, la federación informa de que las cifras de contratación del sistema público con el sector privado están infraestimadas. Los motivos son la presencia del modelo de las mutualidades de funcionarios (que en su mayoría dedica fondos públicos a financiar seguros privados) y la existencia de muchos casos de contratación directa de los centros sanitarios con el sector privado (pruebas diagnósticas, etc.), con lo que estas partidas no aparecen contabilizadas de manera diferenciada y se incluyen en los presupuestos de los centros públicos.
