Al Partido Popular le incomoda tanto la investigación de la Comisión Europea sobre las cuentas erróneas de la Comunidad Valenciana, que ha llegado a presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE para que paralice la investigación que podría evidenciar la manipulación consciente de las cifras de déficit de la comunidad, y cuya sanción a España podría suponerle el tener que pagar hasta un 0,2% del PIB nacional (alrededor de 2.000 millones de euros).
El recurso del Gobierno de Mariano Rajoy, publicado ayer por el Diario Oficial de la UE, fue presentado el 22 de septiembre, después de que el pasado julio la Comisión Europea decidiera abrir la investigación oficial para esclarecer si las “declaraciones incorrectas de los gastos habidos en esta comunidad autónoma” a lo largo de varios lustros, y que “tergiversaron los datos sobre el déficit del Estado español”, fueron deliberadas o una negligencia grave.
A pesar de que la Comunidad Valenciana es uno de los principales feudos del PP desde hace casi veinte años, ya en julio el Partido Popular intentó achacar la responsabilidad de las cuentas “incorrectas” al anterior equipo de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aduciendo que desde el Gobierno central debieron haber comprobado los números valencianos antes de remitirlos a Bruselas.
En esta ocasión, el Gobierno ni siquiera ha esperado a que finalice el expediente de la Comisión Europea para recurrir, que sería el procedimiento habitual, sino que se ha dirigido directamente al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para que frene la investigación, alegando que el Ejecutivo comunitario vulnera los principios de seguridad jurídica al aplicar retroactivamente una normativa aprobada en el año 2011.
Para el Partido Popular, por tanto, “el período de investigación debería limitarse a los datos comprendidos en las notificaciones a partir de 2012”, que fue el año en el que, ya en plena crisis de la deuda, España informó a la oficina estadística de la Comisión Europa (Eurostat) de que el déficit de 2011 había sido estimado por debajo del real porque se habían descubierto posteriormente gastos en la Comunidad de Madrid y en la Valenciana que no habían sido registrados.
Aunque Eurostat decidió no abrir investigación a la Comunidad de Madrid por concluir que se trataba de un “ajuste excepcional”, sí lo hizo con la Comunidad Valenciana, al detectar que las informaciones “incorrectas” seguían un patrón sistemático prolongado en el tiempo.
Déficit falseado con las cuentas de la sanidad pública
La investigación de la Comisión Europea se centra fundamentalmente en las cuentas de la sanidad pública de la comunidad, que presentan unos gastos muy elevados que se pagaban a través de un crédito.
En vez de anotar los ingresos y los gastos en el momento de conocerlos, una ley valenciana permitía al Gobierno regional amontonar las facturas sin contabilizar los gastos sanitarios hasta que el agujero era detectado por el tribunal de cuentas valenciano, momento a partir del cual iban directamente a la deuda mediante el crédito, evitando así que sumaran en el déficit.
Estas prácticas irregulares resultan darse además en la comunidad autónoma más endeudada de todas, salpicada por múltiples casos de corrupción que ponen muy en entredicho que las cuentas falseadas se deban a una negligencia y no a un acto consciente y volitivo.
