Los recursos públicos destinados a rescatar a los bancos ascienden ya a 60.718 millones de euros según los cálculos del Tribunal de Cuentas para el período comprendido entre 2009 y 2015, una cifra que no se puede considerar definitiva debido a que aún hay procesos de reestructuración bancaria en marcha, advierte el organismo.
En un informe de fiscalización del “proceso de saneamiento” de la banca, el organismo ha calculado también que los recursos públicos comprometidos ascienden a 122.122 millones entre 2009 y 2015, si bien ha aclarado que no todas las medidas de disposición o compromiso de recursos públicos suponen un coste para el sector público.
El organismo fiscalizador apunta además que la Administración General del Estado otorgó avales a las entidades de crédito inmersas en procesos de reestructuración o resolución por un importe de hasta 85.965 millones. El saldo vivo de la única emisión no autorizada asciende a 1.059 millones hasta la fecha.
El Tribunal de Cuentas ha recordado que el saldo vivo de las emisiones de deuda senior de la Sareb, que se sitúa en 43.476 millones a cierre de 2015, está avalado por el Estado.
Deficiencias e Insuficiencias en los contratos del FROB
El FROB no ha salido del todo bien parado del análisis de fiscalización del Tribunal de Cuentas, cuyo objetivo es el de verificar que las actuaciones tanto del FROB como de los Fondos de Garantía de Depósitos y el Banco de España se realizan de acuerdo a la normativa.
Entidades malvendidas por 1 euro, costosos informes y créditos innecesarios
“Al margen de los casos anteriores, los gastos incurridos por el FROB en la transmisión del Banco Gallego y del Banco de Valencia no pudieron ser recuperados por el FROB al ser el precio de venta de ambas entidades de un euro», precisa el Tribunal de Cuentas, que también critica que el FROB contratara a expertos independientes para elaborar las ‘due diligence’ y la valoración de CEISS y Liberbank antes de que estas entidades solicitaran formalmente apoyo financiero.
«Esta anticipación en la contratación de los estudios se aparta del criterio establecido en el Real Decreto Ley 2/2011 y provocó que los informes recibidos por el FROB, que costaron en conjunto 1,4 millones de euros, fueran innecesarios», explica.
