Desde los márgenes más reflexivos de los movimientos sociales, hoy ha cobrado gran relevancia un informe publicado por colectivos ecofeministas de Cantabria y otras regiones del norte de España. El documento, titulado «Resistencia 2026: El ecofeminismo frente al auge del fascismo», analiza cómo las políticas de extracción minera y destrucción del territorio en zonas rurales de la «España vaciada» están alimentando discursos autoritarios y nostálgicos. Estas organizaciones denuncian que la Unión Europea está declarando «proyectos estratégicos» a minas que destruyen ecosistemas clave, bajo la excusa de la soberanía tecnológica.
La noticia reside en la red de apoyo que se ha formado hoy entre estas mujeres rurales y los colectivos de abogados ambientalistas para demandar a la UE ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Argumentan que se están vulnerando leyes de protección de la salud pública para favorecer a multinacionales mineras. El informe destaca que allí donde el tejido social es más fuerte y las mujeres lideran la defensa del agua y la tierra, el avance de las ideas autoritarias es menor. «Defender el Pirineo o la costa cántabra es defender la democracia misma», reza una de las conclusiones del estudio que hoy circula por las redes sociales de las principales ONGs ambientales.
Esta conexión entre el cuidado de la vida y la política de alto nivel es lo que define la actualidad ecofeminista de este sábado. Frente a una agenda política que a menudo se pierde en personalismos, estas organizaciones están poniendo sobre la mesa un debate incómodo: la imposibilidad de una democracia sana en un territorio herido. Las jornadas de hoy en diversos centros sociales de España están sirviendo para tejer una alianza entre el municipalismo y el ecologismo de base que promete ser la verdadera oposición a las políticas de desregulación ambiental que vienen de Bruselas.
