La gestión de Ignacio González a cargo de la sanidad madrileña vuelve a despertar quejas airadas, en este caso procedentes de los médicos que han visto cómo el Ejecutivo autonómico del PP ha procedido a la eliminación de la parte de sus sueldos correspondiente a la productividad variable, mediante la exclusión de la valoración de su actividad.
Desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) denuncian que los 90 centros sanitarios perjudicados son “casualmente” los que se manifestaron, en el marco de la Marea Blanca, en contra de las medidas privatizadoras en la Comunidad de Madrid, por lo que entienden esta nueva acción del Gobierno de González como “una represalia tardía e injustificada”.
Además, 5.000 eventuales se convertirán en interinos a través de un sistema que AMYTS considera subjetivo, por introducir la arbitrariedad a la hora de seleccionar al personal, a la vez que “permitirá que profesionales con más méritos no accedan a interinidades, solo por tener un contrato en el lugar equivocado en el momento oportuno”.
Aunque AMYTS ha venido exigiendo numerosas veces en los últimos años el cumplimiento íntegro de los acuerdos de 2007, que supusieron una mejora sustancial en las condiciones laborales de los facultativos, la Administración ha retrasado este momento hasta paralizar la aplicación de los mismos, incluso de aquellos que ya se habían puesto en marcha. La justificación argumentada por la Administración para actuar de este modo ha sido la crisis.
Por su parte, la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), que ponía impedimentos en el cumplimiento de los acuerdos del año 2007 y los retrasaba, ha emprendido ágilmente, ahora que “cumple su mandato el presidente y en un tiempo récord”, el proceso de reforma impulsado por Ignacio González, llegando a un acuerdo con 5 organizaciones sindicales con presencia en Mesa Sectorial a excepción de AMYTS.
La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid ya ha encargado el inicio de los trámites para establecer los correspondientes recursos judiciales contra las decisiones del PP de Madrid, ya que entiende estas reformas como “profundamente injustas”.
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