Cañamero y Gordillo sentenciados a 7 meses de cárcel por «desobediencia grave»

El alcalde de Marinaleda y diputado autonómico Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU) ha sido condenado a siete meses de cárcel y una multa de 1.200 euros por la ocupación en verano de 2012 de la finca militar sevillana Las Turquillas.

El fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, notificado este jueves, considera al alcalde de Marinaleda autor de un delito de usurpación de inmueble y de otro de desobediencia grave a la autoridad. También Diego Cañamero, el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), ha sido condenado por los mismos cargos y penas.

Se pedía además una indemnización por un delito de supuestos daños en la propiedad, del que al final han sido absueltos. No obstante, sí se les condenará, junto a otros tres miembros del SAT, a pagar una indemnización al Ministerio de Defensa de 760 euros por los daños y perjuicios causados, así como por los gastos de limpieza en la finca.

Al final ha prevalecido la opinión de la fiscalía andaluza, que pedía exactamente siete meses de cárcel para Sánchez Gordillo por un delito de desobediencia grave, mientras que la defensa solicitaba la libre absolución, al entender que los hechos no tenían relevancia penal.

La ocupación de Las Turquillas fue llevada a cabo por 500 jornaleros del SAT con la intención de plantar allí distintas frutas y hortalizas como acción simbólica y pacífica para poner de manifiesto el despilfarro de mantener cerca de 1.000 hectáreas de terreno de cultivo inactivo en una comarca agraria azotada por el paro. El sindicato pretendía permanecer acampado en la finca militar, cultivando los terrenos actualmente en baldío, hasta que se consiguiera la cesión de su explotación a cooperativas de trabajadores.

“No queremos la propiedad de la tierra, queremos su uso, que la tierra sirva para dar trabajo y crear riqueza, y no para recibir subvenciones de Europa”, fueron las palabras de Diego Cañamero en los días de la ocupación de Las Turquillas.“No puede ser que tierras públicas o privadas puedan estar ajenas a la realidad de un pueblo que ya no sabe qué hacer con el paro”.